­El presidente del Casino, Juan Antonio Megías, fue el primero en dar la voz de alarma y criticar el escrito de acusación redactado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Megías, al que la Administración local le pide tres años de cárcel en el caso Umbra, dijo, tras conocer el documento acusatorio, que rayaba en la incompetencia y solicitaba una rectificación. Prácticamente, en los mismos términos se ha expresado el que fuera director de la Gerencia de Urbanismo Alberto Garre, funcionario municipal e imputado también en el caso Umbra, al que la letrada municipal que redactó el escrito remitido al juzgado, le reclama las penas de prisión más elevadas y una inhabilitación que ronda los 40 años.

Guerra ya ha movido ficha y ha entregado hace unos días una reclamación a la Administración local. El que fuera número dos del exconcejal Fernando Berberena, también encausado, quiere que el alcalde de Murcia, José Ballesta, intervenga y le pide que depure responsabilidades, al entender, como lo hiciera Megías, que los servicios jurídicos municipales no han actuado con la profesionalidad que se espera de ellos.

Guerra pone de manifiesto también en el escrito enviado al alcalde lo chocante que resulta que el Ayuntamiento haya cambiado su opinión sobre los convenios de la zona norte, que han sido investigados en el marco del caso Umbra. Según el que fuera gerente de Urbanismo, la Administración local siempre ha defendido la correcta tramitación administrativa y legal de estos acuerdos con promotores privados. Añade que, de hecho, la jefa de los servicios jurídicos, Ana María Vidal, nunca puso reparos.