El fiscal pide para el que fuera alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por «un delito continuado de prevaricación urbanística», según se refleja en la calificación del Ministerio Público a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN.

Asimismo, solicita para el que fuera director de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas, otros diez años de inhabilitación, ya que lo considera «cooperador necesario e inductor» del delito que achaca a Cámara, al igual que al arquitecto municipal Joaquín Peñalver, para el que pide una inhabilitación de ocho años y siete meses.

En la calificación, mandada al Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, el fiscal detalla que Miguel Ángel Cámara, «con la colaboración imprescindible de Morillas, decidió directamente todos los aspectos favorables al proyecto Nueva Condomina, removiendo en unos casos y vulnerando en otros aspectos de legalidad».

El titular del Juzgado de Instrucción 8 de Murcia acordaba en febrero de 2015 crear una pieza separada dentro de las Diligencias Previas del caso Umbra, de presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia, en las que se investigan, entre otros, los presuntos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, que pudieran derivarse de la tramitación de convenios urbanísticos de la zona norte de la capital de Murcia y sobre la rehabilitación del Casino. En concreto. Esta pieza se dirigía, además de contra Cámara, Peñalver y Morillas, contra el empresario y promotor del complejo Nueva Condomina, Jesús Samper, ya fallecido.

En concreto, se trata de la Pieza Separada Convenio 12/2001 Nueva Condomina, con hechos referentes al período 1999-2003 que, según se recoge en la resolución, «parece no precisar la espera de otras diligencias que se han señalado para marzo de 2015 y que no son de su materia».

Según se lee ahora en la calificación, Cámara «fue adoptando decisiones en el ámbito de su responsabilidad en el proyecto Nueva Condomina desde 1999 a 2003, incluso en reuniones oficiosas al margen del procedimiento, anteponiendo conscientemente a la legalidad exigible el afán político de unos y mercantil de otros para obtener un nuevo estadio de fútbol en el marco de un proyecto inmobiliario, realizando los cambios normativos oportunos consensuados previamente y forzando siempre las interpretaciones normativas del modo más favorable al exigente promotor privado tanto económica como urbanísticamente».

«Pérdidas millonarias»

En este sentido, el fiscal destaca que se llevó a cabo «una modificación del Plan de Ordenación (PGO) para la creación de la alternativa B, con la edificabilidad fijada a conveniencia entre los acusados», así como «una renuncia injustificada a los derechos legales de cesión del 10% de aprovechamiento municipal». A este respecto, destaca que el que fuera regidor popular hasta 2015 «realizó una ilícita renuncia a parte del legítimo derecho del 10% de aprovechamiento urbanístico que debía recibir el Ayuntamiento, con pérdidas millonarias para las arcas públicas».

Asimismo, el Ministerio Público manifiesta que Cámara «consintió que los beneficios del proyecto se traspasaran del club de fútbol Real Murcia SAD a una sociedad inactiva del señor Samper con escaso capital social». Además, «el convenio urbanístico se tramitó sin que existiera un informe técnico del Servicio de Planeamiento», remarca el fiscal. «Cámara no asumió el criterio de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad, anteponiendo su voluntad frente a la advertencia de ilegalidad», subraya la calificación fiscal.