No solo ha pedido la inhabilitación del que fuera alcalde de Murcia en los últimos veinte años, Miguel Ángel Cámara, y dos de los altos funcionarios de la Gerencia de Urbanismo cuando existía este organismo autónomo del Ayuntamiento. Además, el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano, que ha representado al Ministerio Público en el caso Umbra, solicita en su calificación fiscal en Nueva (pieza separada del caso Umbra) que se anule el proyecto urbanístico que desarrolló el dueño del Real Murcia, el fallecido Jesús Samper, al norte del municipio.

Concretamente, Lozano afirma en su calificación fiscal, previa a la apertura de juicio oral, que «se interesa la nulidad de las aprobaciones definitivas del plan parcial, programa de actuación, proyecto de reparcelación y licencias residenciales, entendiendo que no existe derecho a indemnización alguna a la junta de compensación por existir dolo y mala fe al haber tenido conocimiento de todas las irregularidades del plan parcial ´Nueva Condomina´».

Es lo que se llama responsabilidad ´ex delito´, según consta en la calificación fiscal que obra en poder de este periódico remitida al juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, que ha instruido la investigación del caso Umbra y de la pieza separada Nueva Condomina. En caso de aceptarse la invalidez del proyecto urbanístico propuesta por el Ministerio Público, se frenaría todo lo que queda por desarrollar de ese plan parcial en la zona norte (más viviendas, un campo de golf, una ciudad deportiva, etc).

Fuentes consultadas por esta Redacción indicaron que esa anulación tendría repercusiones importantes para las arcas públicas del Ayuntamiento, que deberían hacer frente al pago de indemnizaciones, ya no a la junta de compensación que promovió Nueva Condomina, sino a terceras personas que se pudieran ver afectadas (promotores del centro comercial, propietarios de las viviendas que adquirieron a los constructores las casas edificadas dentro del complejo Nueva Condomina, entre otros).

Las mismas fuentes añadieron que este caso podría suponer un precedente en otras causas pendientes de dilucidar en los tribunales, cuyos resultados podrían incluso llevar a la bancarrota al Ayuntamiento (podría generar una avalancha de reclamaciones de terceras personas que se vieran perjudicadas por la aprobación de convenios urbanísticos).

Además, el fiscal Lozano también tiene unas palabras para la gestión que hizo la Comunidad Autónoma en toda la tramitación del proyecto Nueva Condomina y acusa a la Administración regional de conocer las irregularidades y no hacer nada. «La consejería de Obras Públicas de la CARM, pese a ser conocedora de tales incumplimientos detectados e informados por sus propios técnicos, optó por ´mirar para otro lado´, cualquiera que fueran las razones a que obedeciera tal decisión, no pidiendo la revisión de oficio y declaración de nulidad, y en su caso, interponer un posterior recurso contencioso por incumplimiento»., dice Lozano.

Para el que fuera alcalde de Murcia en los últimos 20 años, Miguel Ángel Cámara, el fiscal solicita diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por «un delito continuado de prevaricación urbanística». Asimismo, pide para el que fuera director de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas, otros diez años de inhabilitación, ya que lo considera «cooperador necesario e inductor» del delito que achaca a Cámara, al igual que al arquitecto municipal Joaquín Peñalver, para el que pide una inhabilitación de ocho años y siete meses. Como testigos, el Ministerio Público quiere que comparezcan en el juicio empresarios y concejales de anteriores mandatos tanto del PP como de la oposición.