El ayuntamiento de Murcia destinará a nuevas infraestructuras más de 7,5 millones de euros ingresados del aval de unas obras que no se llegaron a ejecutar en El Esparragal.

Así lo anunció ayer el concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez-Oliva, quien aseguró que esa cantidad «corresponde al importe ya abonado por el Banco Gallego como avalista de Martín Fadesa, que posteriormente presentó concurso de acreedores y no llegó a desarrollar el proyecto».

El recurso que presentó en su día la entidad financiera se ha resuelto con un fallo favorable al Ayuntamiento dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ. La cantidad final pagada por el Banco Gallego asciende a 10,3 millones de euros, al incrementar el importe inicial del aval con los intereses y recargos. La resolución judicial confirma «la solvencia el rigor con el que el Ayuntamiento adopta sus decisiones, guiado en todo momento por unas garantías suficientes», señaló Martínez-Oliva.

De esta manera, el Banco Gallego deberá abonar al Ayuntamiento dicha cantidad de dinero, tal y como lo dispone una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del TSJ, que desestima el recurso que la citada entidad bancaria presentó contra la resolución de un Juzgado de lo Contencioso que rechazó su demanda.

Frente a lo argumentado por el Banco Gallego de que solo debía afrontar el 25% de esa cantidad, la Sala dice que los términos en que fue extendido el aval eran claros al respecto y que no admitía lugar a dudas que el Ayuntamiento podía reclamarle el pago de aquella cantidad. Y añade que esta entidad «prestó afianzamiento mediante aval por cantidades determinadas, y lo hizo de forma solidaria con el avalado, y renunciando al beneficio de excusión, de modo que quedó obligada con el ayuntamiento de Murcia hasta el límite del importe garantizado siempre que Martinsa-Fadesa quedara obligada al pago por el convenio urbanístico, como ocurrió en este caso».

Este convenio, se añade en la sentencia, fue suscrito en febrero de 2006, suponiendo el mismo unos ingresos para el Consistorio murciano que superaba los ochenta millones de euros.

Señala igualmente el TSJ que el Ayuntamiento decidió ejecutar el aval tras recibir en noviembre de 2011 una comunicación de la citada inmobiliaria en la que le indicaba que no podía asumir las obligaciones recogidas en el convenio urbanístico.