El juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha dictado una providencia por la que cita a declarar como imputado a un agente de policía nacional, denunciado como presunto responsable de un delito de incitación al odio y a la violencia a través de la red social Facebook. La denuncia contra este agente fue interpuesta el pasado mes de mayo por la Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia.

A través de su perfil en la red social, que en el momento de la denuncia estaba abierto al público en general y sin ningún tipo de restricción para ser visitado, el agente colgaba montajes en los que se podía ver una fotografía antigua de un guardia civil con una metralleta y un letrero que en el que se leía: «Manifestantes, venid a mí»; carteles con los que se indica que los 'perroflautas' están vetados, o comentarios directos contra colectivos antisistema y personas de ideología de izquierdas.

En otra de sus frases más llamativas decía: "En respuesta a la iniciativa 'caza al policía' propongo 'caza al perroflauta'... se admiten ideas"; un comentario acompañado de un cartel bajo el que se podía leer 'Asociación Española por el Exterminio del Perroflauta'. Directamente en otro de sus comentarios pedía "el exterminio de los perroflautas"

La Cordinadora Anti Represión presentó como prueba las imágenes obtenidas de esta cuenta de Facebook y ahora el juez abre diligencias previas y llama a declarar al agente, que ya el mismo día de mayo en el que se conoció la denuncia cerró su perfil en la red social.

El Cuerpo Nacional de Policía abrió en su momento un expediente para investigar si la conducta del agente podía ser causa de sanción disciplinaria.

Fuentes consultadas ayer de la Jefatura Superior de Policía afirmaron que este expediente está a expensas de que se resuelva la vía penal.

Incluso si el agente no fuera declarado culpable por el juez, podría ser sancionado de forma interna, si la investigación determina que ha tenido una conducta contraria a lo que rige en el régimen disciplinario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Hasta que estas dos vías se resuelva, el agente continúa destinado y trabajando en Murcia.

Fuentes de la Coordinadora Anti Represión recuerdan que también interpusieron contra este mismo agente una demanda por violencia contra los manifestantes que acudieron a la puerta de los juzgados el día en que el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, acudió a declarar como imputado por el caso Umbra.