O era el más trabajador de todos o sus dictámenes estaban influidos por los promotores que presentaron ante el ayuntamiento de Murcia los convenios de la zona norte. Éstas son las dos hipótesis que se planteó el Ministerio Fiscal para dar una explicación a que el ex jefe de Planeamiento y número tres de la concejalía de Urbanismo, Joaquín Peñalver Motas, imputado en el caso Umbra, fuera capaz de informar los convenios de un día para otro y en el plazo de 72 horas (tres días) fuera incluso capaz de dar el visto bueno a tres de ellos.

De las dos hipótesis planteadas, el Ministerio Fiscal, en su informe incluido en la investigación del caso Umbra que se ha dado a conocer ahora con el levantamiento del secreto de una parte del sumario, indica que «de lo que nadie puede dudar es de la extrema laboriosidad del señor don Joaquín Peñalver Motas, que del 10 al 13 de febrero (de 2006) valora hasta tres convenios, cosa que al decir de los peritos consultados tiene una no desdeñable dificultad».

El fiscal añade que «más fácil resulta evidentemente, si como en el presente caso el perito se limita a aceptar a pies juntillas las valoraciones de los promotores, o mejor dicho, a adaptar su pericial a las indicaciones realizadas por los promotores en sus propuestas de convenio». Estas afirmaciones vienen recogidas en el informe del Ministerio Público al analizar la actuación de los técnicos municipales en el convenio que el Ayuntamiento firmó con los promotores Mirallevant, Actividades e Inversiones Futuras 3.000, Profusa y Lo Navarro, el quinto que suscribió la Administración local con empresarios inmobiliarios desde que se aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 2001 (el primero de los convenios fue del de Nueva Condomina, suscrito con Jesús Samper, propietario del Real Murcia C. F. e imputado también en el caso Umbra).

Además, el fiscal pone de manifiesto que el mismo día en que Peñalver hace el informe favorable -10 de febrero-, el ex gerente de Urbanismo, Alberto Guerra, uno de los detenidos en el caso Umbra, y el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, también imputado, llevan la propuesta de aprobación al pleno que se celebró el 13 de febrero, y que le dio el visto bueno a tres convenior urbanísticos de una tacada, con los votos favorables únicamente del PP.

En el caso concreto de este convenio, la acusación pública establece que las pérdidas del ayuntamiento de Murcia alcanzaron los 143 millones de euros, ya que Joaquín Peñalver hizo una valoración a la baja del precio de los terrenos cuya edificabilidad se aumentaba. El ex jefe de Planeamiento dictaminó que el precio a conveniar era de 120 euros el metro cuadrado y no de 600 euros el metro cuadrado, que era el de mercado.