La presión ejercida por los ayuntamientos al ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha sido clave para que la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) permitiese el acceso a Internet abierto en la vía pública y de forma gratuita.

El primer paso en este sentido se dio después de que la Unión Europea aprobase la prestación de un servicio de acceso a Internet limitado a páginas web de las administraciones públicas, cuestión que se planteó en el proyecto de implantar las zonas wifi en la ciudad checa de Praga. A partir de ahí, los ayuntamientos han apretado para poder prestar un servicio de Internet abierto y eso ha motivado bastante controversia y alguna multa de gran cuantía, como los 300.000 euros que le fueron impuestos al consistorio de Málaga por no respetar la normativa vigente y permitir que los malagueños pudiesen navegar libremente desde las calles de la ciudad, haciendo caso omiso a la prohibición de la CMT.

Ahora, en concreto desde el pasado me de agosto, esta práctica se ajusta a la legalidad y los murcianos saldrán beneficiados de ello y eso también beneficiará al trabajo interno del Ayuntamiento, pues la creación de una red inalámbrica favorecerá la autoprestación de servicios como los de las cámaras o los autómatas de control de riegos.