La consejería de Sanidad, a través del Servicio Murciano de Salud (SMS), ha empezado a trasladar de puesto de trabajo a dos médicos y a un administrativo que han sido víctimas de violencia en sus consultas, a la vez que ha cambiado de facultativo y de centro de salud a dos pacientes por haber protagonizado amenazas y agresiones a profesionales sanitarios.
Con estas primeras actuaciones, la Administración regional ha puesto en marcha el plan de prevención de riesgos laborales y prevención de agresiones que se acordó con los sindicatos.
Tanto el gerente del SMS, Francisco Agulló, como el director general de Recursos Humanos, Pablo Alarcón, precisaron ayer que el primer cambio se produjo el año pasado y afectó a un auxiliar administrativo, que dejó su puesto de trabajo en el centro de salud de Alcantarilla para trasladarse al centro de salud de La Alberca por sentirse amenazado.
Este año ya se han producido otros dos traslados de profesionales que han denunciado haber sufrido agresiones o amenazas por parte de asegurados, según consta en los archivos de Sanidad. Se trata de un médico del SUAP (servicio de urgencias extrahospitalario) de Alcantarilla, que ahora ejerce en Las Torres de Cotillas, y otro facultativo que trabajaba en un centro de salud de la gerencia de Cartagena y que ha logrado un puesto de trabajo en uno de los dos centros de salud de Alcantarilla.
Pacientes conflictivos
Además de los traslados de trabajadores para preservarlos de actos violentos, la Consejería también se ha visto obligada a desinscribir a dos pacientes de sus respectivos centros de salud para alejarlos del lugar en donde protagonizaron amenazas y agresiones. En estas dos ocasiones, los afectados han sido asignados a diferentes equipos de atención primaria para intentar que no se repitan los hechos que han provocado la intervención de la Administración. Uno de los casos corresponde a un asegurado afincado en Cartagena.
El director general de Recursos Humanos precisó que, a la hora de aplicar las medidas preventivas para evitar agresiones a los profesionales, la mayor dificultad estriba cuando el suceso se produce en una zona básica de salud donde sólo hay una instalación sanitaria y, por tanto, no existe otro centro de salud alternativo para trasladar al presunto agresor, ya que a pesar de su actitud no se le puede dejar sin asistencia médica.
Además de las medidas administrativas que Sanidad puede aplicar para proteger a sus funcionarios cuando sean víctimas de violencia, el artículo 551 del Código Penal establece de uno a tres años de prisión cuando una persona atente contra un funcionario.
Igualmente, se establece en el Estatuto Marco que tanto los médicos como los enfermos, los celadores, los administrativos y los auxiliares podrán negarse a atender a un determinado asegurado cuando se constate que les pone en serio riesgo de vida con su actitud.
