Dimite la concejala de Vox en Ceutí acusada de falsificar una firma en un contrato de alquiler: "No es una derrota, sino una elección libre y consciente por mi paz y la de los míos"

“Serenidad y responsabilidad”. Es lo que pide la hasta ahora concejala de Vox en Ceutí, Virginia Pérez, a quienes hicieron “juicios paralelos” a propósito de un procedimiento que la salpica en los juzgados, por el cual llegó a dictarse una orden de detención.

El caso: se investiga si Pérez, presuntamente, llegó a falsificar una firma en un contrato de alquiler de una vivienda. Se trata de un asunto que ella siempre tachó de “estrictamente privado”, no de algo político, pero que le ha costado el puesto en el Consistorio, por su propia decisión. Ella se va, asegura, “con la conciencia tranquila y con la cabeza muy alta”.

“Tomo esta decisión motivada por la necesidad absoluta de proteger lo más sagrado que tengo: mi salud, la de mis hijos y la de mi familia”, subraya la edil en su despedida, al tiempo que deja claro que “no me marcho porque me considere culpable de nada: me marcho porque mi prioridad actual es mi bienestar personal y familiar, entendiendo que la salud debe estar siempre por encima de cualquier cargo público”.

"Ni juzgada ni condenada"

“A raíz de un asunto estrictamente privado, un proceso en el que no he sido juzgada ni condenada por ningún tribunal, se ha generado una situación injusta”, insiste Pérez, que reflexiona: “El dolor que se puede llegar a causar de forma innecesaria es muy grande”.

La concejala, que tiene palabras de agradecimiento para sus compañeros de grupo y a todos los componentes de Vox en el municipio, rememora que entró en el Ayuntamiento “con el único objetivo de trabajar por un Ceutí mejor, cargada de ganas, ilusión y con un profundo respeto hacia esta institución, esforzándome al máximo hasta el último minuto. Deseo toda la suerte del mundo al compañero o compañera que entre para ocupar mi lugar”.

Su agradecimiento se hace extensivo “al Partido Popular, por el respeto y la consideración que me han mostrado en todo momento, y a Ciudadanos por demostrar con su actitud diaria que se puede hacer política desde la discrepancia, pero manteniendo siempre el respeto mutuo”.

En cuanto al Partido Socialista, Pérez afea que sus “constantes desplantes” y que le pidiesen cuentas por lo que, sentencia, es su “vida privada” mientras ”tienen a su propio partido y a su presidente, Pedro Sánchez, ofreciendo un espectáculo diario que sí que requeriría toda su atención y vigilancia”.

“Me marcho con la tranquilidad de quien lo ha dado todo. Como bien cantaba Nino Bravo, sé que de ahora en adelante forjaré mi destino usando las propias piedras del camino, asumiendo con madurez que a veces lo que nos es querido siempre queda atrás, pero con la firme determinación de priorizar lo único innegociable: mi salud, mi familia y mis principios frente a cualquier interés político”, resalta el comunicado.

La hasta ahora concejala hace hincapié en que su salida “no es una derrota, sino una elección libre y consciente por mi paz y la de los míos”. Al hilo, enfatiza que se dedicará “por completo a lo que de verdad importa: recuperar mi salud, cuidar de mi familia y defender mi verdad en el ámbito judicial”.

El procedimiento judicial

Lo que ocurrió en el ámbito judicial, según detalló el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), fue que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Molina de Segura (plaza 7) dictó, el 4 de marzo de 2026, auto en el marco de las Diligencias Previas 102/2025, seguidas por un presunto delito de falsificación de documentos públicos.

Este asunto habría surgido porque un ciudadano denunció que la edil falsificó su rúbrica en el contrato de arrendamiento de una casa. En la resolución de marzo se acordó el archivo de la causa, al no comparecer Pérez, sobre la cual el mismo juzgado dictó una requisitoria en la que ordenaba su detención.

La ya exconcejal asevera que, en cuanto le notificaron un requerimiento judicial “que no me había constado anteriormente por un problema de localización”, se presentó ante la autoridad judicial y se puso “a total disposición de la justicia”. La investigada puesta a disposición del juzgado el 26 de mayo y se acogió a su derecho a no declarar.