La regularización de migrantes enfrenta a Partido Popular y PSOE en Lorca

El inminente inicio del proceso de regularización de medio millón de migrantes puesto en marcha por el Gobierno de la nación no ha pasado desapercibido en Lorca. Tanto es así que las dos principales fuerzas políticas del municipio se pronunciaban al respecto tras la aprobación del mismo en el Consejo de Ministros con independencia del rechazo constatado durante el Pleno del pasado mes de febrero.

Rosa Medina, portavoz del Gobierno municipal y secretaria general del Partido Popular comparecía ante los medios para mostrar –de nuevo– su firme rechazo ante un proceso que calificaba de "una decisión unilateral, irresponsable y profundamente injusta que se ha adoptado de espaldas a las Cortes Generales y sin consenso político ni social"; a la vez que hacía hincapié en las consecuencias que tendrá para ayuntamientos y servicios públicos: "tendrá consecuencias directas", apuntaba.

En este sentido, la también concejala criticaba la aprobación de la medida sin el respaldo de las Cortes: "por primera vez en la historia, una decisión de esta magnitud se impone sin pasar por el Congreso ni el Senado, lo que supone un desprecio absoluto a las reglas básicas del Estado de Derecho y a la soberanía nacional. No se puede abordar un fenómeno tan complejo con decisiones improvisadas. La política migratoria es una cuestión de Estado que exige rigor, diálogo y acuerdos amplios". Asimismo, Medina Mínguez insistía en que el proceso de regularización supone un castigo "a quienes han hecho las cosas bien, a los inmigrantes que han llegado legalmente" a la vez que una recompensa para aquellos que "han accedido de forma irregular".

"Se está trasladando el mensaje de que todo vale, de que entrar ilegalmente en España tiene recompensa, lo que supone un agravio intolerable para quienes sí respetan nuestras normas", sentenciaba. Del mismo modo, la popular incidía en las repercusiones que la medida tendrá para los distintos ayuntamientos del país, que serán "los que tengan que asumir las consecuencias sin financiación adicional ni recursos suficientes". A este respecto, la secretaria general popular hacía referencia a la saturación de los servicios municipales y a la política implantada en la Ciudad del Sol durante el anterior mandato socialista, cuando se "impulsó la expedición masiva de informes de arraigo, multiplicándose por tres en apenas unos años".

Así las cosas, la portavoz del Gobierno municipal terminaba anunciando que el Ayuntamiento lorquino "seguirá utilizando todos los mecanismos institucionales, políticos y legales a su alcance para exigir la retirada inmediata de esta medida".

"Cinismo político"

Poco después de que culminara la rueda de prensa de Rosa Medina, el concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz, hacía lo propio para responder a las afirmaciones realizadas desde el Partido Popular. Así, el que fuera responsable –entre otros asuntos– de Seguridad Ciudadana durante el pasado mandato, recordaba que la medida es una "respuesta directa" a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que cuenta con el respaldo de 700.000 firmas y el apoyo de más de 900 asociaciones.

Del mismo modo, el edil recordaba que la iniciativa recibió el apoyo en un primer momento por parte de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, así como la necesidad de mano de obra de los distintos sectores como primario, la hostelería y asistencia a personas mayores y dependientes. "Con su postura, parecen preferir un modelo donde los inmigrantes sigan en la economía sumergida, utilizando servicios públicos como las urgencias de los hospitales sin poder cotizar ni contribuir con sus impuestos al sistema que todos usamos" afirmaba Ruiz Guillén.

Por último, el socialista se mostraba tajante ante las acusaciones del PP que vinculan esta medida con el fomento de las mafias: "es precisamente al revés. La regularización permite que personas que ya están aquí (antes del 31 de diciembre de 2025), trabajando de forma invisible, emerjan a la legalidad. Esto no solo les otorga derechos, sino que les exige cumplir con sus obligaciones tributarias y sociales, combatiendo así la explotación laboral".