La movilización logra frenar el desahucio de una mujer de 63 años y su familia en Alcantarilla

El desahucio de Antonia Mayol y su familia, previsto para la mañana de este martes en su vivienda de la calle Martínez Campos de Alcantarilla, ha sido suspendido temporalmente hasta el próximo 22 de septiembre, según ha informado Izquierda Unida-Verdes en una nota de prensa. El aplazamiento permitirá ganar margen mientras el juzgado resuelve el recurso presentado por la defensa, en el que se solicita la aplicación de la moratoria hipotecaria vigente hasta 2028.

La paralización del lanzamiento se ha producido después de una concentración a las puertas del domicilio en la que han participado decenas de personas, entre ellas activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), integrantes de Yayoflautas, militantes de IU-Verdes y la concejala no adscrita del Ayuntamiento de Alcantarilla, Lara Hernández.

Desde la PAH, el mediador José Antonio Vives ha denunciado la "grave inseguridad jurídica" que, a su juicio, rodea el procedimiento. Según ha señalado, el desahucio se sustenta en una supuesta ocupación que la plataforma rechaza, al entender que la situación de la familia deriva de una ejecución hipotecaria previa con dación en pago. Vives ha advertido además de que ejecutar el lanzamiento antes de que se resuelva el recurso podría ocasionar un "daño irreparable".

Vives ha advertido del riesgo de ejecutar el lanzamiento antes de que se resuelva el recurso, lo que podría ocasionar un "daño irreparable"

En la misma línea, el portavoz de la PAH, Paco Morote, ha asegurado que la afectada cumple los requisitos establecidos en la legislación para acogerse a la suspensión de lanzamientos. A su juicio, se trata de "una situación profundamente injusta", al pretenderse el desalojo de una familia vulnerable antes de que exista una resolución judicial sobre ese recurso.

En situación de vulnerabilidad

Según la información difundida por IU-Verdes, la situación familiar es especialmente delicada. Antonia Mayol, de 63 años, se encuentra de baja por enfermedad y reside junto a su hija, pensionista por incapacidad permanente, y su hijo, que continúa en formación. Tanto la madre como la hija tienen reconocida una discapacidad. Además, siempre según estas fuentes, no existe en estos momentos una alternativa habitacional disponible desde los servicios públicos.

La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha valorado el aplazamiento como "una pequeña victoria de la movilización social", aunque ha advertido de que el problema de fondo sigue sin resolverse. En su opinión, este caso pone de relieve las carencias de las políticas públicas de vivienda y la falta de una respuesta habitacional estable para las familias en situación de vulnerabilidad.

Tras conocerse la suspensión, Antonia Mayol agradeció emocionada el apoyo recibido y reclamó una solución duradera para ella y su familia. El aplazamiento hasta septiembre abre ahora una ventana de varios meses en la que la resolución judicial sobre el recurso será determinante para el futuro inmediato del caso. Mientras tanto, los colectivos sociales que han respaldado a la familia advierten de que mantendrán la movilización en los próximos meses.