Medio Ambiente clausura parte de la instalación de Reciclados Tara en Calasparra por "graves incumplimientos"

El Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, clausuró este miércoles parte de la actividad de una planta de gestión y tratamiento de residuos ubicada en el paraje Los Pontones, en el término municipal de Calasparra.

Así lo recoge la resolución emitida el martes y ejecutada este mismo miércoles por la dirección general de Medio Ambiente, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. 

Esta actuación "es fruto del trabajo continuado de inspección, control ambiental y disciplina administrativa que viene desarrollando la Comunidad Autónoma, tras constatar graves incumplimientos de la normativa ambiental y la reiterada desobediencia a las medidas cautelares impuestas", explica la Comunidad en una nota de prensa.

También se ha ordenado la retirada de residuos no autorizados con entrega a gestor autorizado

Medidas cautelares

En enero de 2026, la administración regional ya impuso a esta planta una serie de medidas cautelares, como la suspensión provisional de las operaciones no recogidas en la autorización ambiental; la clausura temporal de focos emisores no autorizados; la obligación de implantar medidas de control de emisiones; la retirada inmediata de residuos peligrosos y la prohibición de recibir nuevas materias primas no autorizadas hasta la resolución definitiva del expediente.

Además, se le requirió a la empresa la aportación de una serie de documentación en el plazo de diez días, que ha incumplido. 

Con todo ello, el equipo de inspección volvió a girar el pasado 11 de marzo una visita en la que se constató que siguen realizando operaciones no amparadas por la autorización ambiental.

Incumplimientos graves y reiterados

Ante la persistencia de los incumplimientos, la dirección general ha adoptado la medida más contundente prevista en la normativa: la suspensión inmediata cautelar de parte de la actividad no autorizada desarrollada por la empresa.

Asimismo se ha materializado parte del precinto de las instalaciones no autorizadas y se ha impuesto la retirada de residuos no autorizados con entrega a gestor autorizado, lo que deberá de acreditar en el plazo de un mes.

Todo ello con el fin de impedir su utilización durante la tramitación del procedimiento y hasta que se verifique su plena adecuación a la normativa ambiental. El incumplimiento de estas medidas podría dar lugar a la adopción de nuevas actuaciones coercitivas, incluida la clausura definitiva de la planta de residuos.

El cumplimiento de la resolución quedará sujeto a la vigilancia de la Administración autonómica y local, como recuerdan desde Medio Ambiente.

'Calasparra no se toca'

El responsable de la plataforma ciudadana ‘Calasparra no se toca’, Sergio López, quien ha seguido de cerca la clausura de parte de las instalaciones, ha explicado que “han precintado gran parte de la planta, incluyendo la zona de la última ampliación, donde se estaban produciendo los vertidos de productos Sandach (subproductos animales no destinados al consumo humano) de pelos de cerdo, purines y sangre”. Desde la plataforma han adelantado que ‘solicitarán acceso a los expedientes de la consejería de Medio Ambiente”. También han denunciado que la empresa “no tiene permisos para realizar esas actividades”.

Han precintado gran parte de la planta, incluyendo la zona de la última ampliación

Procedimiento sancionador

Esta actuación es el resultado de una labor continuada de inspección, que comenzó el 12 de junio de 2025 y que dio lugar a un expediente sancionador con base a los incumplimientos detectados en las instalaciones de la empresa, situada en el paraje de Los Pontones.

La alcaldesa Calasparra, Teresa García, ha explicado que "esta suspensión se mantendrá vigente hasta que la actividad sea debidamente legalizada, mediante la obtención de las autorizaciones pertinentes o, en su caso, hasta la resolución definitiva del procedimiento”.

El Ayuntamiento facilitó y puso a disposición tanto de la Comunidad Autónoma, como de la Fiscalía y la Confederación Hidrográfica del Segura toda la documentación e información recopilada tras las inspecciones realizadas por los técnicos municipales

Teresa García

— Alcaldesa de Calasparra

La regidora ha destacado que “esta decisión se adopta tras constatar el servicio de inspección de la Comunidad Autónoma que, pese a los incumplimientos ya detectados en el informe de inspección realizado en junio de 2025, se seguían realizando operaciones no amparadas por la autorización ambiental”. En este sentido, ha incidido que "el Ayuntamiento facilitó y puso a disposición tanto de la Comunidad Autónoma, como de la Fiscalía y la Confederación Hidrográfica del Segura toda la documentación e información recopilada tras las inspecciones realizadas por los técnicos municipales”. 

Todo ello con el objetivo -recordó Teresa García- de que, desde la colaboración institucional y en el marco de las competencias de cada Administración, “se adoptaran las medidas necesarias para atajar esta situación que tanto nos preocupa a todos”.

El Ayuntamiento ha procedido a la apertura de un expediente sancionador con el fin de depurar responsabilidades

El Ayuntamiento ha procedido, en base a las actas e informes de los técnicos municipales y dentro de sus propias competencias, a la apertura de un expediente sancionador con el fin de depurar responsabilidades, garantizar el cumplimiento de la legalidad, así como evitar que el patrimonio natural se vea perjudicado por un uso inadecuado. La regidora remarcaba que “el Ayuntamiento ha actuado y actúa siempre conforme a la legalidad y que, sin informes técnicos que avalen y acrediten los incumplimientos, no se debe proceder al cierre de un negocio o actividad”.

Vecinos de Cehegín llevan viviendo una situación similar más de 30 años

La empresa Reciclados Tara tiene otra planta en la pedanía ceheginera de El Escobar, donde los vecinos llevan viviendo una situación similar más de 30 años, llegando a crear una plataforma de afectados. Según denuncian, se forma un olor insoportable en la pedanía, cuando sopla el viento de Levante.

La plata está situada a 3 kilómetros del núcleo diseminado en el paraje conocido como El Ribazo-El Escobar. Según explican desde la plataforma, “en varias hectáreas de terreno se acumulan centenares de toneladas de todo tipo de residuos y basuras de fábricas, depuradores, pozos ciegos y hospitales. En este sentido explican que “la fermentación de estas sustancias genera gases perjudiciales que, además del mal olor, producen malestar respiratorio, pérdida de apetito, insomnio y podrían producir graves enfermedades”.  También explican que en los alrededores del paraje se han secado arboledas enteras y las moscas y demás insectos se concentran por miles.

La plata está situada a 3 kilómetros del núcleo diseminado en el paraje conocido como El Ribazo-El Escobar.

Otro asunto preocupante para los vecinos son los líquidos que discurren por la zona por el temor de que contaminen el subsuelo.

Desde el año 2003, los vecinos vienen denunciando ante diversas instituciones la situación, llegado a pedir al consistorio que clausure las instalaciones, que consideran “ilegales”.

En el año 2018, el Ayuntamiento realizó un análisis de residuos, lodos y lixiviados en el que aparecían restos de 16 metales pesados e hidrocarburos aromáticos

En el año 2018, el Ayuntamiento realizó un análisis de residuos, lodos y lixiviados en el que aparecían restos de 16 metales pesados e hidrocarburos aromáticos. Una situación que tanto vecinos como consistorio llevaron a los juzgados. 

Podemos pide el cese de la actividad

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha reaccionado a la clausura parcial de la planta de reciclados Tara de Calasparra que ha llevado a cabo la Consejería de Medio Ambiente. 

“Esta decisión es insuficiente y llega muy tarde, porque el daño medioambiental ya está hecho. La situación de esta industria era insostenible. El lunes estuvimos allí y denunciamos junto a la plataforma Calasparra No Se Toca y el Consejo de Defensa del Noroeste cómo las balsas estaban sin impermeabilizar, cómo las aguas negras y los residuos discurrían incontrolados cauce abajo hasta contaminar el acuífero, las acequias que riegan los campos y el río Segura. El olor era insoportable”, ha manifestado.

“La situación que vimos sobre el terreno dista mucho de una gestión adecuada de residuos, y los vecinos nos trasladaron que esta situación llevaba prolongándose muchos años con la connivencia de todas las administraciones”, ha añadido. 

“En esta Región, hasta que la movilización ciudadana no reclama hasta quedarse sin voz, el Gobierno no actúa”, ha esgrimido la diputada.

Marín ha anunciado que Podemos va a seguir llevando este asunto a la Asamblea Regional para que el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, dé todas las explicaciones oportunas. “Se tienen que depurar responsabilidades, porque la planta lleva mucho tiempo funcionando al margen de la ley y solo ahora, a raíz de las últimas lluvias, ha salido todo a la luz. El consejero debe poner fin definitivo a una actividad que está poniendo en peligro el patrimonio natural de Calasparra”, ha concluido Marín.