El Ayuntamiento de Lorca exige a la CHS que desaloje varios edificios okupados de su propiedad

Las instalaciones abandonadas propiedad de la Confederación Hidrográfica del Segura en el cauce del río Guadalentín a su paso por la diputación de Marchena deberán ser tapiadas o demolidas en un plazo de diez días. Esta es la orden remitida por parte del Ayuntamiento –tras su aprobación unánime en Junta de Gobierno Local– al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, administración matriz del ente confederado, con el objetivo de limitar el uso ilegal de las construcciones como vivienda.

"El informe descrito por el técnico municipal incluye la advertencia de que en caso de incumplimiento este Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria y a costa de los obligados. Unos trabajos cuyo importe se ha estimado en 6.000 euros", informaba la edil responsable del ramo, Belén Pérez. A este respecto, la concejala se mostraba firme: "vamos a dar los pasos que haya que dar, actuando para salvaguardar la dignidad y salud de las personas; y que no vivan en situaciones que hoy día no se pueden permitir, sin las condiciones mínimas de habitabilidad".

En cuanto a las construcciones, cabe recordar que se trata de unas pequeñas presas así como canales de derivación destinados a regular y desviar el caudal circulante hacia la red de acequias de riego y ubicadas en las inmediaciones del camino Hondo. En dicha instalación, según detalla el informe del Ayuntamiento, hay seis pequeñas edificaciones cuya función original consistía en albergar mecanismos de apertura y maniobra de las compuertas metálicas; unas infraestructuras que –en la actualidad– se encuentran fuera de servicio; pero que están siendo ocupadas por personas, de forma habitual y permanente pese a carecer de cualquiera de los requisitos necesarios para ese uso residencial, una circunstancia que viene produciéndose desde el año 2021.

Basura y escombros

Precisamente debido a la continuada presencia de personas en el lugar, a la que se suma el deterioro de las propias edificaciones, la zona correspondiente al cauce del río presenta una gran acumulación de basura y escombros. "Esta situación ha generado problemas de insalubridad que pueden comprometer no solo la propia salud de las personas que allí se encuentran, sino también la calidad ambiental de todo el entorno", detallaba en su informe el arquitecto municipal.

En relación con este asunto, el Consistorio emitía a finales del pasado mes de noviembre un oficio para la corrección de la situación. "Como consecuencia de la inacción tanto del Ministerio como de la Confederación, el Ayuntamiento se vio obligado de nuevo a incoar, el pasado 6 de febrero, un nuevo procedimiento. En este caso de orden de ejecución para obligar a estos organismos a ejecutar las actuaciones necesarias para revertir la situación descrita, concediéndoles un plazo de 10 días para formular alegaciones y aportar los documentos que consideraran oportunos", explicaba la concejala.

Ante la ausencia de respuesta, la Junta de Gobierno emitía la citada orden: "si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros", apostillaba la edil responsable del Padrón, quien terminaba agradeciendo el trabajo de los distintos servicios municipales implicados en el proceso, así como de los vecinos que informaban de la situación al Ayuntamiento.