El Pleno de Lorca rechazará la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes

El proceso de regulación de medio millón de inmigrantes será rechazado por el Pleno del Ayuntamiento de Lorca en su próxima sesión. De ello se asegurarán los grupos municipales de Partido Popular y Vox que, a pesar de estar integrados en el equipo de Gobierno, presentarán sendas mociones en contra del proceso anunciado por el Gobierno central y cuyo contenido era desvelado este miércoles.

Por parte de los populares era Rosa Medina, secretaria general del partido a nivel local, la encargada de informar del contenido del texto, en el que se propondrá la retirada "inmediata" de un proceso "aprobado de forma unilateral por parte del Gobierno de España". En este sentido, se reclamará que la política migratoria sea debatida y acordada en las Cortes Generales al tratarse de "una decisión de enorme impacto social, económico, jurídico y territorial".

"Vamos a solicitar que el Ayuntamiento de Lorca rechace las regularizaciones masivas y automáticas y reclamaremos su cambio por un modelo de carácter excepcional, individualizado, condicionado y verificable, vinculado al empleo real, a la integración efectiva y a la seguridad jurídica", aportaba la concejala. Dentro de la moción también se exigirá, "una política migratoria de Estado que [entre otras cuestiones] refuerce el control de fronteras; ejecute las expulsiones, devoluciones y retornos de quienes no cumplen los requisitos legales".

"Efecto llamada"

Por su parte, Vox Lorca –a través del edil José Martínez– hacía hincapié en el posible "efecto llamada" que podría generar la medida. "No se puede normalizar que entrar ilegalmente en España termine teniendo recompensa. Eso genera frustración entre quienes cumplen las normas y debilita el Estado de Derecho", afirmaba el concejal. En el texto presentado por parte de Vox, además de rechazar la regulación extraordinaria, se pedirá una auditoría de las concesiones de nacionalidad de los últimos años, la repatriación de quienes accedan ilegalmente a España, la deportación de inmigrantes legales o ilegales que cometan delitos graves o reincidan de forma habitual o la supresión de ayudas y beneficios sociales a inmigrantes ilegales, salvo asistencia humanitaria hasta su devolución.