Urbanismo
El Ayuntamiento de Lorca descarta pagar 800.000 euros por un convenio fallido
Firmado hace 23 años, los propietarios reclamaban a la Administración el dinero por no haberse desarrollado los planes acordados
La edil de Urbanismo, María Hernández, daba los detalles de la moción. / L.O.
El Ayuntamiento de Lorca rechazará en el próximo Pleno pagar 800.000 euros a los propietarios de varios terrenos ubicados en la pedanía de La Hoya por un convenio urbanístico fallido. María Hernández, edil responsable de Urbanismo, así lo informaba este viernes, a la vez que explicaba los detalles del acuerdo aprobado el 31 de marzo de 2003.
"Consistía en la cesión de terrenos en el sector R-5 de La Hoya con destino a equipamiento escolar. Estamos hablando de que los propietarios cedieron hace más de 23 años una parcela a cambio del desarrollo de este sector. Sin embargo, en el tiempo legal establecido el PSOE [que gobernaba cuando se aprobó el convenio] no hizo absolutamente nada y, de nuevo, nos enfrentamos a otra incidencia más, resultado de su nefasta gestión urbanística", aportaba Hernández Benítez.
Hernández Benítez, tras su comparecencia. / L.O.
En este sentido, la concejala recordaba que en los últimos meses se han producido otras reclamaciones similares. Concretamente, a mediados de 2024 se pedía a la Administración local el pago de 1,2 millones de euros por otro convenio urbanístico aprobado en mandato socialista; a los que se añaden los más de 15 millones de euros en pérdidas de los convenios en terreno SIDU y otros 750.000 euros reclamados por otro convenio urbanístico de planeamiento en la pedanía de Aguaderas.
"Quebradero de cabeza"
"Está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para el Ayuntamiento y para los lorquinos", señalaba la concejala. En referencia al último caso, la responsable municipal de Urbanismo explicaba que los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran –y así se informará en el Pleno– que ha prescrito, aunque los propietarios aún podrán ejercer su derecho de emprender acciones legales. "Según han considerado los servicios jurídicos del Ayuntamiento, la acción ejercitada por los reclamantes se encuentra manifiestamente prescrita, habiendo transcurrido el plazo legal de cinco años sin que se hubieran realizado actos de interrupción", concluía la edil.
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