Lorca llevará al Estado a juicio por la falta de ayudas a particulares tras la dana de marzo

El Ayuntamiento de Lorca se querellará contra el Estado para reclamar tanto la publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado como la notificación formal del acuerdo adoptado por el Consejo de ministros del Gobierno de España, de la declaración del municipio como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Dos acciones que, hasta que no sean ejecutadas, impiden la puesta en marcha del pago de ayudas a los afectados particulares.

Esta situación, que afecta a las 11 Comunidades Autónomas que han sufrido hasta 53 fenómenos adversos de distinta naturaleza entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025 "es inadmisible", declaraba la edil responsable de Patrimonio, Belén Pérez. A este respecto, cabe recordar que el tren de borrascas que durante semanas provocó intensas precipitaciones de Lorca provocó un fallecido y daños por un valor estimado de 13 millones de euros, de los que –de momento– el Gobierno nacional pagará un millón.

En este caso, el Consistorio concurría a una subvención de 950.000 € para la reparación de los daños en los bienes, infraestructuras y servicios municipales, presentando más de 100 memorias justificativas de daños pero, transcurridos más de 10 meses desde las inundaciones del mes de marzo ciudadanos, pymes y autónomos, etc., siguen sin saber sobre las ayudas directas por los daños en las viviendas, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; beneficios fiscales en el IBI, IRPF e IAE; medidas de protección social a los trabajadores y ayudas al sector agrario y ganadero por las pérdidas en la producción…

"Se han llevado a cabo numerosos contactos y gestiones desde el Ayuntamiento de Lorca con la Delegación del Gobierno y con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con el fin de que se nos fuera notificado o comunicado el Acuerdo del Consejo de ministros del pasado 1 de abril, pero aquí estamos", apostillaba la concejala.

Vulneración de derechos

Según detallaban los servicios jurídicos del Ayuntamiento la omisión de la publicación del Acuerdo comporta una vulneración de los principios de publicidad normativa, seguridad jurídica y buena administración (artículos 9.3 y 103 CE), y privan al Ayuntamiento de conocer el contenido íntegro del acto que habilita la fase de recuperación y las medidas económicas asociadas. Asimismo, la ausencia de publicación, notificación, información procedimental y respuesta expresa por parte de la Administración General del Estado vulnera el derecho a una buena administración; una vulneración que adquiere especial gravedad cuando, como en el presente caso, afecta a una Administración territorial que actúa como interesada en defensa de intereses públicos y patrimoniales, y cuya posición jurídica se ve equiparada a la de cualquier administrado.

"Estamos ante una concurrencia de fundamentos jurídicos sólidos y suficientes para considerar que la actuación de la Administración General del Estado incurre en: Inactividad administrativa relevante; también del deber legal de publicación y notificación de un acto administrativo esencial y en la vulneración de los principios de seguridad jurídica, buena administración y tutela efectiva de los intereses públicos municipales, lo que legitima plenamente al Ayuntamiento de Lorca para el ejercicio de acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa de sus intereses", sumaba la concejala, que anunciaba la aprobación en Junta de Gobierno de la futura interposición de un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.