Tres familias de Lorca piden ayuda para cerrar las heridas de los terremotos

"Todos sufrimos ese día de mayo, pero el tiempo no pasa igual cuando no puedes cerrar el episodio". Así lo expresaba Balbina Piqueras, una de las últimas afectadas por los terremotos que sacudieron Lorca en mayo de 2011 y que, cerca de 15 años después de la tragedia, aún sigue esperando que las administraciones resuelvan su expediente y, de esta forma, recibir su parte correspondiente de las ayudas prometidas.

Y es que la familia de Balbina, junto a otras dos en su misma situación, son el último cabo suelto del traumático suceso, que de forma progresiva se ha ido resolviendo. En este sentido cabe recordar que a finales de 2023 eran más de doscientas las familias en esta situación; y que a lo largo de los años se han gestionado miles de ayudas para la reconstrucción y/o el alquiler de viviendas.

Por su parte Pedro Sosa, edil de la coalición de izquierdas conformada por IU, Podemos y Alianza Verde en el Ayuntamiento, anunciaba que en el transcurso del próximo Pleno su formación presentará una moción para exigir "prioridad absoluta" por parte de la administración local en lo referente a estas familias "con recursos y funcionarios aplicados a cerrar satisfactoriamente los expedientes". Consultado al respecto de este asunto el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, se mostraba sorprendido, a la vez que expresaba su compromiso de hacer las gestiones necesarias para resolver las ayudas pendientes.

Cuestiones administrativas

Consultadas sobre el retraso en las ayudas, fuentes de la Consejería de Fomento explicaban que, tras la última transferencia del Estado en diciembre de 2024, todas las ayudas relacionadas con la reconstrucción ya habrían sido resueltas y abonadas, mientras que los expedientes restantes se corresponden con subvenciones para el alquiler que "no se han podido abonar por motivos ajenos a la administración regional, ya que estaban pendientes de resolver cuestiones administrativas de diversa índole por parte de los afectados". Del mismo modo, estas voces señalaban que el importe de los tres expedientes en la parte autonómica es de 9.900 euros, mientras que el Ministerio de Interior deberá de abonar el 50% restante.