El PSOE de Alhama denuncia "contratos de dudosa legalidad" firmados por Cánovas el día de la moción de censura

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Alhama de Murcia Antonio José Caja denunció este jueves la existencia de una serie de contratos y decretos de Alcaldía "irregulares y vergonzantes" que fueron firmados por el anterior gobierno del Partido Popular en su último día al frente del Ayuntamiento, el pasado 8 de enero de 2025, fecha en la que se produjo la moción de censura.

Caja señaló que, apenas unas horas antes de perder la Alcaldía, "María Cánovas firmó varios contratos de dudosa legalidad, algunos de ellos con reparos del interventor municipal, que ahora han tenido que ser levantados y que suponen un grave perjuicio económico para los vecinos y vecinas de Alhama".

El PSOE ya ha iniciado las acciones necesarias ante los tribunales y la Fiscalía

Entre los casos más graves, el concejal socialista destacó la compra de una pantalla publicitaria por valor de 15.000 euros, ubicada en el centro urbano, a un exconcejal del Partido Popular, firmada el mismo día de la moción de censura. Se trata de un elemento que era de titularidad privada y por el que, desde 2011, la empresa propietaria pagaba al Ayuntamiento una tasa por ocupación de vía pública. Denuncia, además, que durante 2024, el Consistorio dirigido por Cánovas llegó a pagar la explotación de la publicidad de dicha pantalla, sin que exista justificación alguna de su interés público.

"El último día de gobierno del PP se firmó un contrato totalmente innecesario, sin documentos técnicos que lo avalen, y con un único informe de la persona de confianza de la alcaldesa, que también fue cesada ese mismo día", declaró Caja, indicando que esa pantalla ya fue objeto de polémica durante la campaña electoral por haber sido utilizada para promocionar a la candidata del PP.

La exregidora recuerda que fue ella la que se bajó el sueldo un 13%, eliminó el coche oficial y suprimió la tarjeta de gasto personal

El PSOE de Alhama ya ha puesto varios de estos contratos en conocimiento de sus servicios jurídicos y se han iniciado las acciones necesarias ante los tribunales y la Fiscalía, al considerar que algunos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación o malversación de caudales públicos.

Consultada por esta redacción, la portavoz del PP en Alhama, María Cánovas, matizó que en la campaña electoral no usaron la pantalla, sino que pidieron "permiso para poder poner una lona encima de esa pantalla", una solicitud a la que se accedió. El PSOE denunció esta acción ante la Junta Electoral y el órgano de control electoral se lo denegó.

Sobre la compra de la pantalla, Cánovas explica que su Equipo de Gobierno consideró que era una buena herramienta para difundir toda la publicidad del municipio y anunciar eventos. "Se empezó a usar, la empezamos a alquilar y le dimos uso mientras que estábamos nosotros gobernando. Evidentemente, entre tener que pagar un alquiler todos los meses y comprar la pantalla, era mucho más rentable a nivel municipal la compra", explica Cánovas.

No obstante, recuerda que la compra no llegó a ejecutarse porque el PSOE decidió no pagar.

La exregidora invita al Grupo Socialista a acudir a denunciar a los tribunales cualquier cosa que crean ilegal. "Me parece aberrante que vengan ahora con una cosa de 2023 para intentar difamarme de nuevo. Lo único a lo que me dediqué en el año y medio que fui alcaldesa fue a hacer un uso responsable del dinero", explicó. En este sentido, recuerda que se bajó el sueldo un 13%, eliminó el coche oficial que tenía la anterior alcaldesa socialista y suprimió la tarjeta de gasto personal.

Además, por sus declaraciones tanto en el Pleno como a la prensa, anunció a última hora de este jueves que interpondrá una denuncia por calumnias contra el concejal socialista.

Campañas de "promoción personal"

El PSOE también denunció facturas por miles de euros destinadas a la promoción personal de María Cánovas en medios de comunicación locales y regionales, contratos que, según los informes del interventor, no respondían a campañas de publicidad institucional ni al interés general, "sino exclusivamente a la proyección personal de la entonces alcaldesa".

Asimismo, Caja señaló el coste de 18.000 euros de un nuevo diseño para la remodelación de la Plaza de la Constitución, después de que el gobierno del PP paralizara un proyecto anterior que contaba con todos los informes técnicos favorables, lo que obligó a indemnizar a la empresa adjudicataria y a encargar un nuevo diseño "por puro capricho político".

A todo ello se suman contratos de publicidad vinculados a personas de máxima confianza de la anterior alcaldesa, incluyendo adjudicaciones a la pareja de la jefa de gabinete, relacionadas con una revista que ambos dirigían, y que también han sido objeto de reparos por parte de Intervención.