Las últimas inspecciones destapan la existencia de chabolas y edificios públicos okupados en Lorca

Edificios públicos, pequeñas presas, solares aislados, estructuras abandonadas... Múltiples son las casuísticas que ha encontrado la Unidad de Control del Padrón del Ayuntamiento de Lorca en su lucha contra la infravivienda, y múltiples son las infracciones detectadas por este organismo de la administración local.

Belén Pérez, edil delegada del ramo, así lo desvelaba este lunes, cuando informaba de la remisión por parte del Consistorio de un escrito a la Confederación Hidrográfica del Segura para que proceda al desalojo de unas instalaciones de su propiedad okupadas de forma ilegal. Y es que, según las informaciones aportadas por los vecinos del lugar, varias personas se habrían instalado en una de las presas que este organismo posee en el cauce del río Guadalentín a su paso por Marchena; unas infraestructuras que, en origen, se utilizaban para regular y desviar el caudal circulante hacia la red de acequias de riego.

"Según ha señalado el arquitecto municipal, la zona correspondiente al cauce del río presenta una gran acumulación de basura y escombros procedentes tanto de la presencia continuada de personas como del deterioro de las propias edificaciones, situación que ha generado problemas de insalubridad pudiendo comprometer no solo la propia salud de las personas que allí se encuentran, sino también la calidad ambiental de todo el entorno" señalaba la concejala, que explicaba que la ocupación de las instalaciones podría remontarse al año 2021. "Esperamos que tome medidas cuanto antes", apostillaba Pérez Martínez.

Proliferación de chabolas

Por otro lado, aunque también relacionado con situaciones de infravivienda en parajes poco habitados del municipio, la también edil de Régimen Interior informaba de la detección, por parte del cuerpo municipal de policía, de varios asentamientos chabolistas en la pedanía de Ramonete. En este caso, se utilizaban cañizos, palos y plásticos para levantar estructuras que albergan a numerosos trabajadores, en algunos casos con sus familias, ubicados en lugares de difícil acceso y alejados del paso habitual de personas y vehículos. "También se están aprovechando cobertizos, almacenes de aperos, garajes y antiguos transformadores de luz para convertirlos en infraviviendas", completaba.

Creadas, según indicaba la concejala, "para dar cobijo a trabajadores agrícolas", Belén Pérez explicaba que tras detectar las incidencias se incoaban los procedimientos oportunos para sancionar a los promotores de los asentamientos ilegales. Unos promotores que, según la normativa local –actualizada recientemente para perseguir con más dureza estas cuestiones– deberán demoler las construcciones y hacer frente al pago de sanciones económicas.

"La pretensión no es la multa. Aquí las personas son lo primero, y el objetivo radica en perseguir todas aquellas conductas que atenten contra la dignidad de las personas, reforzando la lucha contra la infravivienda y adecuando el Padrón de habitantes a la realidad de nuestro municipio, que busca de manera definitiva dar carpetazo al modelo de ciudad dormitorio que imperaba en Lorca y no vamos a dejar pasar ni una", aportaba la edil, que terminaba reclamando al Gobierno de España para la tipificación del empadronamiento fraudulento como delito en el ordenamiento jurídico español, contemplando penas de privación de libertad y sanciones económicas proporcionales a los ingresos obtenidos, procesando tanto a quienes se lucren con estas prácticas, como a quienes participen en su comisión.