El Ayuntamiento de Lorca reclamará la expulsión de los migrantes que engañen al Padrón

El Ayuntamiento de Lorca pedirá que se aplique, de forma rigurosa, la pena de expulsión del territorio nacional para todos los casos contemplados en el ordenamiento legal español. Esto es lo que se desprende de la última comparecencia pública realizada por la edil responsable de Régimen Interior, Belén Pérez, en la que explicaba que "a partir de ahora" el Consistorio se personaría como acusación particular en los procesos judiciales a ciudadanos extranjeros acusados de delitos de diversa tipología.

En este sentido, cabe destacar que, además de los robos con violencia o robos con fuerza en las cosas, la pena de expulsión puede ser aplicada cuando se cometen delitos contra la seguridad vial, por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas cuando existe reincidencia o resultado lesivo; así como en el caso de haber cometido delitos de falsedad documental, uso de pasaportes falsos y empadronamientos ficticios. Y es precisamente en este último caso, en el de los empadronamientos ficticios, donde el Ayuntamiento inició una lucha sin cuartel en junio de 2023.

Por aquel entonces, con la vuelta del popular Fulgencio Gil a la alcaldía de la Ciudad del Sol se creaba la 'Unidad de Control del Padrón', una entidad transversal que –a través de la colaboración de los diferentes servicios municipales– se especializa justo en eso. Compuesta por representantes de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Registro, Catastro, Delegación del Gobierno, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Servicios Sociales y Sanidad, así como del estamento judicial, que desde su puesta en marcha han analizado miles de casos.

Según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento a principios de noviembre, la UCP ya habría realizado 782 requerimientos a propietarios y residentes, iniciándose 327 expedientes de baja de oficio y generándose 251 cambios de domicilio, además de 88 altas, identificándose, por parte de la policía local, a más de 2.000 personas residentes en los domicilios sometidos a información o comprobación previa y no habiendo podido hacerlo con más de 450 personas por no residir en los domicilios donde figuran empadronados. Así, en caso de que estas acciones deriven en procesos judiciales, se solicitará la expulsión.

Fundamento jurídico

En cuanto a la base jurídica para reclamar las citadas expulsiones, fuentes municipales consultadas por esta Redacción aludían a la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de extranjeros en España y su integración social, el 57.2 de la Ley de Extranjería y el 89 del Código Penal; así como a la Constitución, que en su artículo 125 establece –entre otras cuestiones– el derecho de los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia. "No queremos delincuentes extranjeros y vamos a actuar para que sean devueltos a su país y que no puedan regresar a Lorca" señalaba Pérez Martínez.

Por otro lado, la UCP también ha tramitado varias sanciones, que ya superan el cuarto de millón de euros. A esta cifra, correspondiente a sanciones por infringir la legislación local, hay que sumar 400.000 euros, procedentes del incremento en el Impuesto de Bienes Inmuebles por modificaciones de uso sin autorización a 36 propietarios, que también deberán demoler las construcciones.

Agrupación familiar

En relación con el empadronamiento, el Consistorio también se encuentra en proceso de desarrollar una ordenanza que regule el procedimiento para la emisión de informes de integración social y de adecuación de vivienda para reagrupación familiar y residencia inicial de menores, debido a la alta demanda registrada. Ya en proceso de consulta pública, servirá para regular los trámites a realizar por el Ayuntamiento en relación con el derecho –recogido en la normativa española de extranjería– de las personas extranjeras residentes legalmente en España a reagrupar a sus familiares.