El Ayuntamiento de Lorca exigirá en los juzgados la expulsión de los extranjeros que cometan delitos

El Ayuntamiento de Lorca exigirá en los juzgados que se expulse a todos aquellos extranjeros que resulten condenados por delitos cometidos en el municipio. Belén Pérez, edil delegada de Régimen Interior, así lo anunciaba este martes, a la vez que señalaba la primera de las causas judiciales en que se aplicará.

Concretamente, el Consistorio se personará en la causa del presunto 'tironero' de Plaza Real al que se le imputan delitos que según el ordenamiento jurídico pueden motivar la expulsión, como es el caso del robo con violencia. "Vamos a ser implacables en esta y otras situaciones idénticas que se produzcan en lo sucesivo", sentenciaba la edil, que apostillaba: "no queremos delincuentes extranjeros y vamos a actuar para que sean devueltos a su país y que no puedan regresar a Lorca".

En este sentido, fuentes municipales explicaban que la solicitud de la administración local se apoyará en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de extranjeros en España y su integración social, el 57.2 de la Ley de Extranjería y el 89 del Código Penal. Una ley que, además de los robos con fuerza, permite obligar a abandonar el territorio nacional a los condenados por delitos de falsedad documental, uso de pasaportes falsos y empadronamientos ficticios, una casuística que también será estudiada por los servicios municipales.

No queremos delincuentes extranjeros y vamos a actuar para que sean devueltos a su país y que no puedan regresar a Lorca

Belén Pérez

— Edil de Régimen Interior del Ayuntamiento de Lorca

"La jurisprudencia del Tribunal Supremo aclara que la existencia de residencia legal no impide la expulsión. Serán deportados y sobre ellos recaerá la prohibición de regreso que puede durar diez años. La expulsión por delitos penales es una realidad jurídica que afecta cada vez a más personas extranjeras en España. Hay que acabar con la impunidad", declaraba Belén Pérez que, de hecho, también es la edil responsable de la Unidad de Control del Padrón, creada con la llegada al poder del Partido Popular tras las elecciones de 2023 y que, entre otras cuestiones, se encarga de destapar fraudes en el Padrón.

Interés social relevante

Entre las justificaciones a la personación del Ayuntamiento en la causa del 'tironero' de Plaza Real, la concejala también citaba el artículo 125 de la Constitución Española, que recoge el derecho de los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia, así como la normativa europea que indica que los condenados a una pena privativa de libertad inferior a un año pueden ser expulsados. "Existe interés social relevante, lo que sustenta nuestra personación en esta y otras causas en lo sucesivo", aportaba Pérez Martínez.

"Es un aviso a navegantes de que no vamos a permitir que se altere el normal transcurrir de la vida en nuestro municipio. Y los que decidan hacerlo, tendrán que enfrentarse a una expulsión de nuestro país," significaba la edil, que enumeraba los delitos que se tendrán en cuenta a partir de ahora para reclamar la expulsión, a saber: delitos contra el patrimonio, robos con violencia, robos con fuerza en las cosas, delitos contra la seguridad vial, por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas cuando existe reincidencia o resultado lesivo; así como los delitos de falsedad documental, uso de pasaportes falsos y empadronamientos ficticios.

"Hay situaciones que en otros lugares son habituales, pero aquí, no. Lorca es una tierra de libertad, de personas que se integran en la sociedad, compartiendo nuestros valores, nuestra cultura, nuestras costumbres. No se puede ‘acorralar’ a nadie bajo el paraguas de la tradición y la obligación", terminaba la concejala.