La oposición de auxiliar administrativo de Mazarrón sigue su curso y el PP la lleva a la Fiscalía

La oposición más polémica de las que se recuerdan en el Ayuntamiento de Mazarrón, en la que se ofertan 18 plazas de auxiliar administrativo, se celebró este martes sin incidentes en los pabellones de La Aceña y La Cañadica del municipio, después de que el día anterior el Consistorio anunciara la inclusión de dos plazas para personas con discapacidad, cosa que no había hecho hasta entonces.

Como dice el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), en este tipo de ofertas «se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad».

Pese a que el Consistorio intentaba poner fin así al conflicto legal, el Partido Popular de Mazarrón presentó el lunes un escrito a la Fiscalía Superior de la Región de Murcia solicitando que requiera al Ayuntamiento de Mazarrón la suspensión provisional del proceso selectivo OEP 2024 y la adopción de medidas cautelares necesarias para impedir la consumación de perjuicios patrimoniales irreparables.

Asimismo, piden que se requiera al Ayuntamiento la remisión del expediente administrativo completo y que se valore la posible existencia de responsabilidades penales y administrativas contra las personas físicas y jurídicas implicadas, y se propongan las diligencias oportunas para asegurar la eventual restitución del daño patrimonial.

El PP estima que de mantenerse la tramitación y celebración de las pruebas en los términos actuales, los hechos denunciados podrían dar lugar a responsabilidades administrativas y patrimoniales, con indemnizaciones a favor de aspirantes afectados por la contratación o la privación de una oportunidad legítima. «Las comunicaciones internas y testimonios coincidentes apuntan a una estimación aproximada de indemnizaciones en torno a 500.000 euros que, de materializarse, gravarían las arcas municipales», señalan.

Recuerdan que la omisión deliberada o consciente de la reserva de plazas para personas con discapacidad, si es atribuible a decisiones de la autoridad municipal o a la actuación negligente de funcionarios competentes, podría configurar ilícitos penales, entre ellos el delito de prevaricación administrativa y posibles delitos de malversación o desviación de poder.