Lorca extiende las sanciones por engañar al Padrón "a cualquier persona que lo autorice"

Contrarrestar el efecto llamada y erradicar el modelo de ciudad dormitorio. Con estos objetivos se creaba la Unidad de Control del Padrón de Lorca, y con ellos el Ayuntamiento ha desarrollado una modificación de la ordenanza reguladora del mismo que, según la edil responsable del ramo, servirá para "poder sancionar todo el espectro de conductas que lo único que estaban haciendo era engañar al Padrón".

De esta forma lo expresaba la concejala Belén Pérez, que explicaba: "la propuesta será llevada a Junta de Gobierno para, posteriormente, ser aprobada en el Pleno Municipal, teniendo lugar su correspondiente publicación en el BORM". De esta forma, con la Ordenanza puesta en marcha el 7 de junio de 2023, y que será actualizada, se podrá sancionar "a cualquier persona" que autorice una inscripción fraudulenta en el Padrón con hasta 3.000 euros. "Hasta ahora únicamente se podía multar al propietario y titular del contrato de arrendamiento pero con la modificación se extiende también al representante de estos y a cualquier persona que autorice la inclusión en la hoja padronal, siempre y cuando su declaración no se ajuste a la realidad", aportaba.

Infraviviendas en agujeros en el suelo o trasteros, últimos hallazgos de la Unidad de Control del Padrón de Lorca

Del mismo modo, la modificación contempla el endurecimiento del castigo para los propietarios de inmuebles que, con la finalidad de empadronar a personas, realicen modificaciones en el mismo o en sus elementos privativos para proceder a su cambio de uso a vivienda sin autorización municipal, una de las casuísticas más comunes entre las detectadas por la UCP, y que a partir de ahora pasará a considerarse como una infracción de carácter muy grave. En este caso, la multa oscilará entre los 1.500 y los 3.000 euros.

"Además, todas las infracciones cometidas en materia de infravivienda constarán en el Registro de la Propiedad y se traducirán en una carga para el inmueble afectado", recordaba Pérez Martínez, que terminaba reclamando la tipificación de estas conductas como delito en el ordenamiento jurídico español.

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