Lorca se planta contra el hacinamiento y la infravivienda

19 expedientes sancionadores en lo que va de año y 56 en total desde su creación por incumplimiento de las obligaciones en relación con el Padrón Municipal de Habitantes. Este es uno de los datos más significativos que aportaba este jueves Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, en referencia a las últimas actuaciones llevadas a cabo por la Unidad de Control de Padrón. Y es que, gracias a su creación en junio de 2023, en la Ciudad del Sol se habría revertido el modelo de ciudad dormitorio. Así lo indicaba el primer edil, que se mostraba tajante: "hemos destrozado la tendencia que arrastraba el municipio y que tanto daño estaba haciendo a Lorca".

En este sentido, destacan las inspecciones realizadas en naves, antiguos almacenes agrícolas e incluso cebaderos reconvertidos en viviendas de las pedanías, donde se habrían detectado situaciones "tremendas" de hacinamiento, en las que numerosas personas "vivían en condiciones absolutamente infrahumanas". No obstante, esta casuística no se circunscribe únicamente a la huerta, sino que el Casco Histórico también es una de las zonas más afectadas: "hemos encontrado problemas graves de salubridad en distintas situaciones, con plagas de chinches e insectos, denunciadas por las propias comunidades de propietarios", explicaba Gil Jódar.

"Estamos combatiendo el fraude con relación al padrón municipal con acciones como no se habían hecho nunca en este municipio", declaraba el primer edil. Tan buenos se consideran los resultados, que el alcalde anunciaba la ampliación del personal adscrito a este servicio, significando además que el Consistorio habría recibido peticiones de información al respecto de esta entidad transversal desde dentro y fuera de la Región. "Por fin el padrón de habitantes se acerca a la situación real que existe nuestro municipio, algo que todos los lorquinos buscábamos, contrarrestando, además, el ‘efecto llamada’ del que éramos protagonistas" abundaba.

Además de las sanciones, cuyo importe varía entre los 375 y los 3.000 euros, la UCP habría ejecutado otras numerosas diligencias, destacando los 362 expedientes de comprobación iniciados, que daban lugar a 125 expedientes de depuración de empadronamiento, al detectarse personas residentes en los domicilios que no estaban empadronadas en ellos o personas empadronadas que no residen en dichos domicilios. Según fuentes municipales, esto se traduce en 546 requerimientos a propietarios y residentes, iniciándose 190 expedientes de baja de oficio y generándose 180 cambios de domicilio, además de 55 altas, identificándose, por parte de la policía local, a más de 1.300 personas residentes en los domicilios sometidos a información o comprobación previa, y no habiendo podido hacerlo con más de 300 personas por no residir en los domicilios donde figuran empadronados.

Más rotundidad

A este respecto, Fulgencio Gil recordaba que los servicios jurídicos del Ayuntamiento trabajan para modificar la ordenanza del Padrón municipal, con el objetivo de endurecer las sanciones contempladas, y volvía a reclamar la tipificación del empadronamiento fraudulento como delito en el ordenamiento jurídico español, contemplando penas de privación de libertad y sanciones económicas, procesando tanto a quienes se lucren con estas prácticas, como a quienes participen en su comisión.