Los asaltantes al Pleno de Lorca vuelven al juzgado con 'total tranquilidad'

El 31 de enero de 2022 quedará para siempre en la historia de Lorca como uno de los días más oscuros de la democracia local. Aquel día, medio millar de manifestantes se daban cita en el Centro de Desarrollo Local, lugar donde estaba previsto que se celebrara el Pleno en el que se debatiría la nueva regulación local sobre las distancias mínimas a aplicar en los procesos de implantación de nuevos cebaderos y la ampliación de los existentes en el municipio.

Con el paso de los minutos, la situación fue caldeándose y, finalmente, varios de los manifestantes decidían acceder al edificio, sobrepasando a los agentes de policía presentes y provocando la paralización del proceso. Así, aquella sesión era aplazada por alcalde del momento, Diego José Mateos, "al no poder garantizarse la seguridad de la Corporación Municipal". La votación de la normativa se efectuaba 13 meses después, quedando aprobada con los votos a favor de todos los partidos menos del Popular, cuyos concejales se abstenían.

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Por otro lado, ante las denuncias interpuestas por los afectados, se encausaba a 18 de los implicados, iniciándose el proceso de instrucción en el juzgado número 7 por el que, desde entonces, han pasado 4 jueces. Tras las declaraciones de todos los implicados y la retirada del Ayuntamiento como parte de la acusación después de las últimas elecciones, en las que Fulgencio Gil recuperaba la alcaldía, este lunes cinco de los encausados volvían a las dependencias judiciales situadas en la calle Padre Morote.

En este caso, lo hacían para volver a prestar declaración, ya que la realizada en primera instancia quedaba invalidada por la Audiencia Provincial, al llevarse a cabo sin la presencia de los letrados representantes de las cinco personas citadas. Ahora, ya con sus abogados presentes, los encausados daban su testimonio ante el nuevo titular del juzgado, Pedro José López, quien en los próximos días deberá decidir de qué forma continuar el proceso. A este respecto el letrado de parte de los ganaderos citados, Pedro Montes, manifestaba la "tranquilidad" con la que acudían a la sede judicial.

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"Allí no pasó nada punible ni que pueda ser calificado como delito, así que nada, tranquilidad", declaraba el abogado, que hacía referencia a la retirada del Consistorio como parte de la acusación como principal muestra de la inocencia de los encausados. "Teniendo en cuenta que es el principal perjudicado por el presunto delito y entiende que no quiere acusar, nos quedamos con la fiscalía y la acusación de un sindicato policial, pero el principal perjudicado después de todo lo que dicen que ocurrió allí ha dicho que no quiere saber nada, ahora vamos a ver cuál es la actitud del resto de partes de la acusación", señalaba Montes.

Preguntado al respecto de los cambios de juez que ha experimentado el caso, el letrado señalaba que no debería afectar al caso, "aunque sí que podría afectar en cuando al retraso indebido en la administración de justicia, que podría derivar en la posible aplicación en el futuro de un atenuante conocido como ‘dilaciones indebidas’, que rebajaría las posibles penas debido a que el retraso no es culpa de los investigados.

Lenta pero inexorable

Al respecto del proceso judicial el regidor del municipio en el momento de los hechos, Diego José Mateos, indicaba: "esperamos que se aclare todo judicialmente y quien cometiera algún tipo de ilegalidad lo pague". Del mismo modo, el secretario general del PSOE a nivel local expresaba su deseo de que saliera a la luz "no solo quién llevo a cabo el asalto, sino quienes fueron los instigadores de todo"; y reiteraba su calificación de "error" la retirada del Ayuntamiento de la acusación particular.