Lorca pide cambiar las casas de Carraclaca por bloques en el Casco Histórico

Allá por mayo de 2023, el municipio de Lorca conocía los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de construir 850 viviendas en la Ciudad del Sol. Enmarcadas en un ambicioso plan, que contemplaba la construcción de 20.000 casas en los terrenos en desuso del Ministerio de Defensa, el lugar elegido era el abandonado campo de tiro de Carraclaca, a varios kilómetros del casco urbano. Poco después del anuncio el Ayuntamiento, gestionado en aquel momento por el PSOE, se sumaba a la iniciativa, proponiendo a la Comunidad Autónoma la construcción en el mismo sitio de un segundo hospital, llamado a descongestionar el Rafael Méndez.

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18 meses y unas elecciones después, casi nada se sabe de estos proyectos, lo que ha motivado al Consistorio –ahora en manos del Partido Popular– a reclamar la cesión de los citados terrenos, cambiando el proyecto por inversiones en materia de vivienda en el Casco Histórico. "Que sea el pueblo de Lorca el que decida en qué pueden ser aprovechados de forma que ofrezcan una mayor rentabilidad social" señalaba a este respecto la edil de Urbanismo, María Hernández, quien aludía la falta de servicios en Carraclaca como principal motivador de la propuesta. "Pueden ser utilizados para muchas cosas, como zona para llevar a cabo actuaciones de repoblación, para uso terciario o equipamientos, pero la ausencia de saneamiento y suministros de todo tipo hace inviable la propuesta del Gobierno central", abundaba la concejala.

Este asunto, que será sometido a votación en el próximo Pleno, se verá complementado con una moción dirigida a la Comunidad Autónoma. En este caso, se pedirá a la administración regional la creación de un decreto ley que sirva para proponer un nuevo modelo de vivienda protegida a precios asequibles en suelo público. "Se trata de ofrecer soluciones adaptadas a la problemática existente con condiciones de acceso más flexibles y trámites simplificados para acelerar su construcción. Dentro de esta línea, se hace preciso que se establezcan limitaciones de precio y renta para los beneficiarios, al tiempo que se elimine la calificación tradicional de las viviendas protegidas, además de incluir la rehabilitación de edificios no terminados", apuntaba la edil de Presidencia, Rosa Medina.

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A este respecto, ambas ediles coincidían en la necesidad de reducir los trámites burocráticos para las VPO a todos los niveles, insistiendo en la necesidad de ponerlos en marcha de manera urgente. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Lorca se estima necesaria la implantación de medidas fiscales y ayudas directas al comprador para reducir el impacto de los costes de construcción, y la movilización de los activos de la SAREB para su puesta en el mercado.

No a la empresa pública

Durante la comparecencia de las concejalas, Medina y Hernández expresaban su rechazo a la posible creación de una empresa pública de vivienda, en línea con lo apuntado de manera generalizada por el tejido empresarial lorquino, apostando por la defensa de la liberalización del sector frente a "estériles medidas intervencionistas". "La promoción del acceso a una vivienda es fundamental para el desarrollo de un territorio, de ahí la apuesta firme del Gobierno de Lorca por la activación de iniciativas que permitan consolidar el cambio de municipio que buscamos, con un mayor parque inmobiliario, accesible y equitativo, en nuestro municipio", concluía Medina.

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