Política
Una concejala de San Javier debe pagar 17.000 euros por una obra ilegal
El Ayuntamiento obliga a la edil de Pleamar a la demolición de la vivienda y a hacer frente a una multa de 17.539 euros

Antonio Javier López Alemán y Sandra María Martínez, concejales de Pleamar en San Javier / L.O.
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Javier ha sancionado con más de 17.500 euros a una concejala del propio consistorio, número 2 del partido Pleamar en las elecciones del 28 de mayo, por una infracción urbanística grave, ya que consideran que construyó una vivienda de forma ilegal.
Además de la multa, Sandra María Martínez tiene la obligación de restablecer el orden infringido, es decir, de demoler la construcción, situada en la pedanía ribereña de Pozo Aledo.
Esta Redacción ha tenido acceso a la resolución del Ayuntamiento, en la que se explica que en noviembre de 2016, cuando Martínez no era concejal, se levantó un acta de inspección en el que se le advertía mediante decreto que estaba haciendo obras sin licencia. Fue entonces cuando se procedió a la suspensión inmediata de los trabajos, ya empezados.
Un año antes, se explica, la afectada comunicó que iba a llevar a cabo obras de restauración, que terminaron siendo de edificación.
Una vez agotados todos los recursos con el Consistorio, Martínez acudirá al contencioso administrativo
Cuando se dieron cuenta, se abrieron procedimientos distintos. Por un lado, un sancionador, por el que se ordenó la suspensión inmediata de las obras; por otro lado, otro de restablecimiento urbanístico, al considerar los técnicos que las obras no eran legalizables.
Sin embargo, la actual concejal hizo caso omiso de las órdenes municipales de la suspensión inmediata de las obras, que en la actualidad se encuentran prácticamente finalizadas.
Ocho años de recursos
Sandra Martínez ha estado ocho años recurriendo ante la Administración Local, hasta que hace unas semanas consumió todas sus opciones por esta vía.
La Opinión se puso ayer en contacto con la edil de Pleamar, que asegura que aún no se ha llegado a cerrar este asunto, ya que, agotadas las vías municipales, aún le queda el contencioso administrativo. «Tengo hasta el mes de noviembre para recurrir de esta forma y lo voy a hacer porque no estoy conforme con la resolución del Ayuntamiento», afirma.
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