La investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid sobre presuntas irregularidades en la contratación de obras para más de una decena de cuarteles de la Guardia Civil, el denominado ‘caso cuarteles’, ha salpicado también al de Pliego.
Así aparece reflejado en uno de los informes a los que ha tenido acceso este periódico, en el que se detalla que se solicitaron presupuestos para la impermeabilización de las fachadas e interiores del cuartel pleguero por importe de 54.734,27 euros a las empresas Angrasurcor S.L. e Impermecork S.L., administradas por el canario Ángel Ramón Tejera de León, que actualmente está bajo lupa.
En otro documento aparece reflejado que, en la ‘zona Murcia’, los importes facturados por las empresas de Tejera de León ascendían a los 61.776,47 euros: 54.734,27 euros de ellos por las obras en el cuartel de Pliego y otros 7.042,20 por las contratadas en el puesto de la Benemérita en la pedanía caravaqueña de Archivel.
En total, estas firmas facturaron en toda España a la Guardia Civil al menos 193 obras por un total de 3,3 millones de euros, según especifica un informe de la Policía Judicial, que concluye que, bajo el mando del teniente general Pedro Vázquez Jarava, el empresario canario se benefició de un incremento «exponencial» de las adjudicaciones del Cuerpo.
Vázquez Jarava, actualmente en la reserva, en el momento de los hechos investigados se encontraba al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor rango dentro del Cuerpo.
Así, se investiga desde finales de 2021 a dos altos mandos de la Guardia Civil y a dos empresarios por supuestas irregularidades en las obras en cuarteles de hasta 14 provincias. En todos ellos, los contratos bajo sospecha eran de importes no muy altos y correspondían, principalmente, a trabajos de reparación e impermeabilización.
El documento de Asuntos Internos del Instituto Armado recalca, en el mismo sentido, que en determinados casos las obras contratadas al constructor canario no fueron ejecutadas, y pese a ello los oficiales de la Guardia Civil llegaron a promover aumentos de créditos. Para enmascarar las presuntas irregularidades en la contratación, el constructor canario usaba a sus empresas de forma indistinta.
Este ‘modus operandi’ es, especifica Asuntos Internos, el «mecanismo de fraude» utilizado tanto por los empresarios como por las autoridades implicadas, dos de ellas imputadas por la jueza instructora de Madrid.
En este caso, la investigación parte de si las dos empresas de Tejera de León habrían conseguido adjudicaciones presuntamente irregulares, además de inflar facturas de estos trabajos e incluso no terminarlos, entre otras cosas.
El empresario canario aparece, además, citado en el ‘caso Mediador’ -en el sumario dice que se reunió con varios de los investigados el 4 de noviembre de 2020 en Tenerife, extremo que él niega-, pero no se encuentra imputado en esta causa, sino en la que se sigue en Madrid por reformas de cuarteles.
Este empresario es amigo personal del también general Francisco Espinosa Navas, que se encuentra en prisión preventiva, y fue quien presentó al general imputado Vázquez Jarava a Tejera de León, según la información adelantada por La Provincia, periódico del mismo grupo editorial que La Opinión.
