El Pleno limita el uso de los bajos comerciales para luchar contra las infraviviendas en Lorca

El Pleno aprobaba este lunes, por unanimidad, la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. La compatibilización del bienestar ciudadano con la hostelería era destacada por todos los intervinientes en la moción.

El edil de Urbanismo, José Luis Ruiz, afirmaba que el decálogo se redactaba con el consenso de agentes sociales y vecinos. Destacaba que había sido redactada con aportaciones realizadas por las entidades locales de la Patronal Ceclor, Cámara de Comercio y Hostelor, además de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, la Asociación del Centro y por la Policía Local y Urbanismo. A estos dos últimos, les agradecía su especial contribución.

De la anterior ordenanza, del año 2000, señalaba que “se había quedado obsoleta” y que había generado dificultades a muchos empresarios a la hora de instalar hilo musical y televisión. Aportaba que entre las mejoras que introduce la nueva norma está la rebaja de las dimensiones de las calles para poder abrir un establecimiento, que pasa de siete a cinco metros. Y las dimensiones de los locales que ahora podrán tener 55, cuando la anterior exigía que fuera de 100 metros cuadrados.

Ruiz Guillén insistía en que es una ordenanza “actualizada” a la sociedad en que vivimos y que “dinamizará” la ciudad sin perjuicio del derecho de los vecinos al descanso. El vicealcalde y portavoz de Ciudadanos, Francisco Morales, también destacaba el “amplio consenso” logrado entre empresarios y vecinos y añadía que “normalizará negocios como los gimnasios”.

José Martínez, de Vox, durante su intervención significaba que era una normativa “reclamada y esperada” por los distintos actores del casco antiguo. Y Pedro Sosa, portavoz de Izquierda Unida-Verdes, reclamaba que “después de su aprobación esperamos que no se eche en un cajón y quede olvidada”, además de recordar que “será una herramienta para que puedan actuar los agentes de la Policía Local”.

La sesión abordaba regular la ubicación de las salas de juego a 500 metros de centros educativos, zonas verdes y equipamientos y limitar el uso de los bajos comerciales para luchar contra las infraviviendas. La modificación del Plan General de Ordenación, aprobada por unanimidad, incorpora la obligatoriedad de la ubicación de los centros de culto en edificaciones exclusivas.

El edil de Urbanismo señalaba que la modificación tiene como objetivo “atajar la conversión de bajos comerciales en viviendas, la excesiva implantación de salones de juegos y apuestas en nuestro término municipal y la implantación de centros para actividades de culto en los bajos de edificios”. Se preservan zonas de comercio, “impidiendo la falta de vida y actividad de nuestros barrios y aumentando los controles y conocimiento de las comunidades de propietarios cuando se quieran realizar estos cambios”.

Salas de juego, recreativos, bingos y otros locales en los que se practiquen juegos de azar “tendrán que situarse a más de 500 metros de colegios y de equipamientos esenciales”. Y se modifican los requisitos relativos a los equipamientos sociales religiosos que se tendrán que ubicar “en edificios exclusivos y cumplir unas condiciones de altura, espacios peatonales para el acceso, vestíbulos, aseos y unas dotaciones mínimas de aparcamiento”, recalcaba.

Una iniciativa del Partido Popular conseguía que el Ayuntamiento recurra ante el Tribunal Supremo el recorte del trasvase Tajo-Segura. La moción, de urgencia, abre la vía judicial contra la decisión del Gobierno de España de cerrar paulatinamente el trasvase. De momento, señalaba el líder de la oposición, “ya han recortado la mitad del agua que debía estar llegando a Lorca”.

Fulgencio Gil añadía que “somos la comarca más perjudicada por una decisión injusta, temeraria y que ataca gravemente el modo de vida de miles de familias. De hecho, muchos agricultores se están viendo obligados a abandonar hectáreas de cultivo”.

La moción que no salía adelante, ni siquiera se debatía, era una de Vox, también de urgencia, que pretendía pedir “medidas de prevención contra atentados terroristas islámicos”. El Pleno consideraba que no era de urgencia y, por tanto, se rechazaba su inclusión en la sesión con 13 votos en contra, PSOE, Cs e IU, y 12 a favor, PP y Vox. En el texto el edil de Vox, José Martínez, pedía “vigilancia de las iglesias del municipio de Lorca, especialmente a las horas en las que tengan lugar eucaristías y otras celebraciones, destinando recursos extraordinarios para proteger la iglesia de San Cristóbal y San Diego”.

Y solicitaba una Junta Local de Seguridad monográfica, para “abordar el riesgo terrorista islámico en Lorca”. El edil de Seguridad Ciudadana, durante el debate de la idoneidad de su urgencia, le pedía que la retirara al no considerar el Pleno público el lugar más acorde para debatir “temas muy sensibles”. Le emplazaba a la celebración, “en el plazo máximo de 15 días a una reunión para hablar sobre el asunto de forma interna”.

En el tramo final del Pleno se hacía un receso para la celebración de una Junta Local de Gobierno que duraba poco más de cinco minutos. En ella, se aprobaban y firmaban proyectos susceptibles de lograr financiación de los Next Generation.