La tribuna del público del salón de Plenos de Lorca estará ocupada en su próxima sesión por muchos propietarios de terrenos expropiados del tramo I y II de la Ronda Central de Evacuación. Acudirán, anunciaba la edil de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, para presenciar el debate de la moción que presentarán y en la que se planteará la situación que viven, algunos, desde hace años.

Y es que, como denunciaba Martín, una docena de propietarios aguardan desde 2017 compensaciones por los terrenos que les “confiscaron en toda regla” para la construcción del tramo II de este vial. El resto, casi media docena, no solo no han recibido compensaciones, sino que “ni siquiera se les comunicó que les iban a quitar sus terrenos”, aseguraba la edil.

La puesta en marcha del tramo I, alertaba Gloria Martín, traía “nuevos casos de expropiaciones sin indemnizar” de terrenos que se sitúan en la zona que une la carretera N-340, en el barrio de Apolonia, con la glorieta de San Diego.

La edil reprochaba al Consistorio que a las familias afectadas por el procedimiento de ocupación directa “no se les haya compensado aún su pérdida patrimonial con la adjudicación de otros terrenos de valor equivalente, y que tampoco estén recibiendo indemnización alguna por el período de tiempo que media desde la ocupación hasta la aprobación definitiva del instrumento urbanístico por el que se les adjudiquen sus nuevas propiedades”.

Una indemnización que, recordaba, está contemplada en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa que el Ayuntamiento, “declarado en rebeldía”, según Martín, está “incumpliendo fragante”. Y se preguntaba si el equipo de Gobierno estaría obrando con la misma “desfachatez” si en vez de personas humildes se tratara de propietarios “más poderosos y con mayor capacidad de presión”.

En el tramo anterior las expropiaciones también se llevaron a cabo por el procedimiento de ocupación directa de los terrenos, una fórmula mediante la que los propietarios no son indemnizados por el valor del suelo, como sucede en la expropiación forzosa, sino que, a cambio, se les reconoce aprovechamiento urbanístico en una unidad de actuación, de iniciativa privada, para lo que contraen la responsabilidad de su ejecución asumiendo sus costes.

“Es decir, no solo son expropiados sin percibir ni un euro, sino que además son obligados a financiar los gastos de urbanización de dicha unidad de actuación mediante un importante desembolso económico”, recalcaba.

Esta denuncia no es nueva, argumentaba, ya que “llevamos planteándola desde el año 2018 y, en este tiempo, ni el anterior alcalde, Fulgencio Gil (PP), ni el actual, Diego José Mateos (PSOE) han movido un dedo para compensar a los afectados, así que más que de expropiación tenemos que hablar de usurpación”.

Mientras, las obras del tramo III, entre el Puente de Vallecas y el puente nuevo sobre el cauce del Guadalentín, van a muy buen ritmo, lo que hace presagiar que se cumpla el calendario previsto.