La Fiscalía tiene claro que Manuel Hurtado, que fue alcalde de Ceutí durante más de dos décadas, cometió prevaricación, fraude, falsedad documental y fraude de subvenciones cuando antes del verano de 2003 "adjudicó verbalmente" las obras del complejo deportivo de la localidad, eludiendo a sabiendas todo tipo de procedimiento administrativo. El exregidor se sienta el martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia.
Los hechos que ahora llegan a juicio habrían acontecido hace casi 20 años. El polideportivo en cuestión se inauguró en diciembre de 2003. Antes, la contratación y el precio de la reforma de la infraestructura se habría cifrado en casi 1,9 millones de euros, de forma personal entre Hurtado y los representantes de la empresa. No hubo registro de entrada en el Ayuntamiento.
El Ministerio Público pide para Hurtado "por el concurso ideal de delitos de prevaricación, fraude, falsedad en documento público y fraude de subvenciones, la pena de cuatro años de prisión, multa de 18 meses con una cuota diaria de 30 euros y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público".
El fiscal, que acusa también a otras cinco personas, reclama para Hurtado una multa de 16.200 euros. Entre los otros cinco acusados figuran un ingeniero técnico municipal y dos empleados de una gran superficie a la que fueron encargados los trabajos sin acudir a la libre concurrencia y sin respetar, presuntamente, la normativa en vigor.
Lo que sostiene el fiscal
Según se lee en la calificación fiscal, el entonces alcalde habría actuado "a sabiendas de la falta de licitación y concurso público que hubiera permitido la posibilidad de obtener un mejor precio de ejecución en detrimento del erario", y de este modo "adjudicó verbalmente y al céntimo la obra antes del verano del año 2003 y sin que conste más asesoramiento técnico que el verbal de otra persona sobre la idoneidad de tal proyecto y presupuesto, inobsenrando a sabiendas todo tipo de procedimiento administrativo alguno, de modo que ni consta expediente alguno de contratación de obra del complejo deportivo José Antonio Camacho de fecha anterior al año 2003 según certificó la Secretaría Municipal, ni constaba partida presupuestaria alguna para la contratación de la obra según certificación del secretario interventor, y sin que constasen peticiones de otras ofertas para conseguir un menor precio: no existe expediente alguno de contratación anterior al año 2004".
En la misma línea, apunta el Ministerio Público que "no existe consignación presupuestaria ni fiscalización previa de ningún tipo por la Intervención Municipal, ni acuerdo de la Junta de Gobierno Local aprobando el Pliego de Condiciones a regir en la contratación de la obra complejo deportivo José Antonio Camacho, ni constan Copias de publicación en el BORM de la licitación de la obra que por su importe era exigible, ni acto de apertura de plicas, ni ofertas presentadas, ni ficha patrimonial de la parcela del polideportivo en el Inventario del Patrimonio Municipal, ni acta de replanteo del año 2003 y de final de obra a finales del 2003 y enero de 2004".
Insiste el fiscal en que "en el desarrollo de tal obra pública, no sólo no existió expediente de contratación, sino que tampoco se documentó la ejecución en el año 2003 como es preceptivo: ni se acreditó la disponibilidad de terrenos previa a la ejecución, ni acta de replanteo, ni certificaciones de obra coetáneos a su ejecución efectiva, ni documentos de control de obra ni acta de recepción. ni dirección de obra y supervisión alguna durante su ejecución por técnico municipal".
