Los propietarios de una vivienda ubicada en Santiago de la Ribera, a los que 9 años después el Ayuntamiento de San Javier les retiró la licencia urbanística que les había dado, tienen derecho a percibir la indemnización de los 40.000 euros que han reclamado en concepto de daños morales.

Así se recoge en el dictamen que a instancias del ayuntamiento de esa localidad murciana ha emitido el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), en el que se indica que esa indemnización, con cuya cuantía está conforme el consistorio, les corresponde por la zozobra vivida todos estos años al estar pendientes de su demolición.

En cuando al daño material que representará para la familia ese derribo, el informe señala que el momento oportuno para fijarlo será cuando se produzca efectivamente la demolición.

Señala también que se ha producido un anormal funcionamiento de los servicios públicos, ya que, otorgada la licencia en 2002, en 2011 se procedió a su anulación al ser contraria a la normativa urbanística al estar los terrenos sobre los que se levantó el inmueble destinados a espacios libres o aparcamientos.

Y concluye el informe que para los integrantes de la familia la pérdida de ese bien inmueble, "ni buscada, ni querida por ellos y, mucho menos, deseada, les debe causar una pena y aflicción muy fuertes", por lo que deben ser indemnizados por el daño moral sufrido.