En mayo próximo se cumplirán once años del terremoto y algunas víctimas todavía siguen sin recibir el pago del cien por cien de las ayudas de reconstrucción y alquiler. Así lo denunciaba este viernes la concejal de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, quien aseguraba que “aún hay familias que no han percibido el último 25 por ciento de las ayudas para reconstrucción”. Esta situación, apuntaba, les ha llevado a “recurrir a préstamos, pólizas y rehipotecas para volver a poner en pie sus casas, lo que les está generando importantes gastos bancarios”.

En la misma situación se encontrarían vecinos a los que se adeuda “hasta 8.000 euros de ayudas para el alquiler”. La edil recordaba que las subvenciones para la reconstrucción están reguladas por el Decreto 68/2011, de 16 de mayo. Imponía tres pagos distintos: uno del 50 por ciento de la cuantía de la ayuda al notificar la resolución de concesión; el 25 por ciento siguiente una vez justificado el comienzo de las obras y la aplicación del 50 por ciento adelantado mediante certificación suscita por el técnico director de la obra; y el restante 25 por ciento, una vez justificado la aplicación del 75 por ciento abonado mediante certificaciones suscritas por el técnico director de la obra y previa presentación del certificado final de obra.

Sin embargo, “a pesar de que las ayudas tenían carácter de pago anticipado, de haber terminado las obras, de presentar toda la documentación que así lo acredita y de tener en su poder órdenes de la Dirección general de Vivienda que otorgan las ayudas para el tercer y último pago, algunos afectados aún no han recibido el dinero”, recalcaba Martín. Como consecuencia de esta situación estos vecinos “se ven obligados a renovar periódicamente sus pólizas, lo que conlleva un coste de hasta 900 euros anuales entre intereses y seguros obligatorios”, insistía.

La edil de Izquierda Unida explicaba que Estado y Comunidad Autónoma “se echan la culpa mutuamente”. Mientras, admitía, “el dinero sigue sin estar en el bolsillo de los damnificados”. Y se quejaba de que no se ofrecen datos oficiales respecto al número de familias afectadas por ambas situaciones, por lo que pedía “transparencia” y “explicaciones” y, sobre todo, “que se liberen esas cantidades de una vez por todas para que estos vecinos puedan cerrar este capítulo y seguir con sus vidas”.