«Ruidos que perturban el descanso vecinal, chatarra y basuras acumuladas, aguas sucias que van a parar a zonas protegidas y vehículos de gran tonelaje que exceden el máximo de peso permitido para circular por caminos rurales». Todo ello provocado por «una empresa ilegal, sin papeles, desde hace ahora más de dos años».

Más de dos años a la espera del cierre obligado a una empresa «sin papeles»

Es lo que afirman los vecinos de La Matanza de Santomera, que llevan «durante tres años» denunciando la situación que sufren a raíz de los trabajos que realiza una empresa dedicada al transporte de mercancías en el Camino Costa Cálida de la pequeña población santomerana y que a finales de 2019 recibió la orden del Ayuntamiento de clausurar el establecimiento y cesar su actividad.

A día de hoy, dos años después, el negocio sigue operando. Nunca llegó a realizar ese cese de actividad porque, simplemente, cambió de nombre «aunque las personas son las mismas», tienen claro los vecinos.

La firma llegó a recibir en junio de 2019 y también en diciembre un decreto de Alcaldía en el que se instaba a sus propietarios al restablecimiento ambiental, a la clausura total del establecimiento y al cese inmediato de su actividad, con un plazo máximo de dos meses para llevarlo a cabo. Desde el Ayuntamiento explican a esta Redacción que la empresa contra la que se decretó el cese de la actividad hace dos años «ya no es la empresa titular de la actividad» a día de hoy al haber cambiado de nombre: «Una triquiñuela para poder seguir trabajando como si nada», sostienen los habitantes de la pedanía.

«No solo han incumplido con las órdenes de la Alcaldía y con los plazos dados, sino que han duplicado el número de camiones en el solar y el arreglo de camiones en el taller, originando un impacto muy negativo tanto ambiental como paisajístico, así como para los vecinos que residen en la zona de forma habitual», señalan los vecinos afectados en el último escrito presentado a la alcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez, en septiembre de este año.

Los denunciantes, en el mismo documento, afirman que la actividad del taller instalado llegaba a comenzar algunos días a las seis de la mañana con «ruidos muy estridentes que afectan al descanso y al bienestar» vecinal.

Asimismo apuntan a la cantidad de «materiales en desuso, como neumáticos de grandes dimensiones, palés, motores, piezas» presentes en el solar, por lo que se estaría vulnerando «la normativa en referencia a tratamientos de residuos tóxicos, como aceites de motor, líquidos anticongelantes, líquidos de frenos...».

En este sentido, alertan del «peligro» que entrañan los neumáticos «amontonados» en caso de incendio, además de que ya se encuentran situados en zona forestal protegida. Además, explican que la propia empresa tiene instalado un ‘lavadero’ que tampoco cumple con las medidas sanitarias y ambientales, ya que «las aguas vertidas una vez lavados los vehículos no tienen salida y van a parar a los caminos de la zona protegida medioambientalmente».

Los propietarios no presentaron la declaración responsable de actividad

El Ayuntamiento de Santomera ha vuelto a tomar cartas en el asunto con la empresa que tiene «hartos» a los vecinos de La Matanza. El concejal de Medio Ambiente y responsable de La Matanza, Antonio Castillo, asegura que «se ha debido incoar un nuevo expediente de restablecimiento ambiental por ejercicio de la actividad, que en su caso, determinará el cese a la nueva empresa y, si no cumple, se le impondrá multas coercitivas».

Además, según el edil, también se ha incoado un expediente sancionador medioambiental «por no presentar declaración responsable de actividad, ejercer la actividad sin título que le habilite». Por último, apunta a que los técnicos de la Concejalía que dirige valorará «la sanción por los daños y ruidos» ocasionados a los vecinos.

Preguntado por los tiempos que de nuevo los vecinos tendrán que esperar al menos para resolver el nuevo expediente, Castillo explica que se pedirán informes al Departamento de Urbanismo, por lo que en unas semanas podría estar listo, aunque si la empresa decide presentar alegaciones el proceso se demoraría durante más tiempo del previsto.