No se conforma e irá a juicio. La Audiencia Provincial de Murcia había citado para el día de ayer al empresario Ángel Fenoll, para ver si se alcanzaba una conformidad en el proceso judicial que se sigue contra él por el desastre del vertedero de Abanilla. Pero no hubo acuerdo. El procesado se enfrenta a seis años y medio de cárcel por, presuntamente, enterrar basura en suelo agrícola: el sumario recoge que sepultó miles de toneladas de residuos sin tratar en la localidad de Abanilla.

Ahora falta que se fije una fecha para el juicio. La Fiscalía, en su calificación, considera que Fenoll es responsable de un delito contra el medio ambiente por eliminar los residuos de manera ilegal. Le piden pena de cárcel: seis años y medio de prisión.

Mariano Bó, abogado de Fenoll, explicó a LA OPINIÓN que este viernes «se ha intentado llegar a un acuerdo que, aunque no es descartable en un futuro, no ha sido posible es este momento».

Ese consenso «pasa por el sentido común de todas las partes, ya que no sólo se trata de aspectos jurídicos puros, sino de la realidad actual y de la diversas sensibilidades de las partes privadas, ello unido a la rigidez de las administraciones», detalla el letrado. En su opinión, «habrá que esperar que las negociaciones e incluso que la mediación cumplan su función, en aras de una solución de equidad y de Justicia».

En la misma línea, el abogado expresó su deseo de que la hipotética «solución satisfaga a todas las partes en conflicto , con el límite que marcan las leyes penales que deben adaptarse a la realidad social».

Más frentes abiertos

No es la primera vez que el empresario se ve envuelto en una causa similar. En junio de 2020, la Audiencia de Alicante anuló las grabaciones y pinchazos telefónicos de la trama de las basuras de Orihuela, que fue origen del conocido como caso Brugal, y liberó de cargos a los 34 implicados, entre ellos dos exalcaldes y Ángel Fenoll. Este mismo mes, el expresidente provincial del PP y de la Diputación de Alicante Joaquín Ripoll, los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll y el resto de acusados por el supuesto amaño del plan zonal de residuos de la Vega Baja (2008-09) han pedido anular las escuchas telefónicas que sustentan la acusación.

Hace unas semanas se conocía que la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia había sido sancionada con una multa de 10.000 euros por haber llevado a cabo una mala gestión de los residuos líquidos generados en el vertedero de Abanilla y que provocó a finales de 2019 un vertido contaminante de forma continuada durante 17 días. El derrame tóxico se cifró en 7.500 litros.