Los padres de un interno en un centro ocupacional para discapacitados concertado con el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) han reclamado a la administración regional una indemnización de 270.000 euros por las graves lesiones que registró aquel al sufrir un síndrome de inmersión en la piscina que le obligó a permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital más de un mes.

En su demanda, los padres afirmaron que el accidentado, que padece un retraso mental profundo, cayó a la piscina, en los primeros días de julio de 2017, por la falta de la atención debida por parte del personal de la residencia y que como consecuencia de ello tuvo que permanecer ingresado en el hospital Los Arcos del Mar Menor hasta mediados de agosto, cuando recibió el alta.

Además, expusieron que como consecuencia del accidente, hasta julio de 2019 tuvo otros varios ingresos en el mismo centro hospitalario, para concluir que tenían derecho a percibir la indemnización reclamada por el anormal funcionamiento de los servicios públicos.

Por su parte, los responsables del centro negaron toda responsabilidad en lo ocurrido y rechazaron que el mismo se produjera por una falta de vigilancia y control por parte de su personal, achacando el suceso a un accidente que no pudo ser previsto y que se produjo cuando el interno se dirigía hacía el comedor y cambió su trayecto, para dirigirse a la piscina.

Consideraron desproporcionada la cuantía indemnizatoria reclamada, al comentar que se incluían en la misma conceptos que no derivaban del síndrome de inmersión.

También expusieron las atenciones prestadas por el socorrista del centro cuando vio al residente en el agua y las que los responsables del centro y el personal del mismo ofrecieron después tanto a aquel como a sus familiares.

La demanda ha sido sometida al dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que ha comunicado al gobierno regional que debe completarse el expediente abierto sobre este accidente al observar carencias en el mismo.

Así, en el informe se indica que deben aclararse ciertos extremos y completarse otros, para tener un conocimiento más amplio y poder pronunciarse con pleno conocimiento de causa sobre la posible responsabilidad patrimonial.

Dice este órgano consultivo de la administración que resulta necesario conocer la realidad de lo que la directora del centro dijo a los padres una vez ocurrido el accidente, ya que lo recogido por ella en el informe incorporado al expediente no coincide con lo manifestado por aquellos en su denuncia ante la Guardia Civil.

También considera necesario tener acceso a las diligencias instruidas por un juzgado de San Javier que sobreseyó provisionalmente sus actuaciones porque considera que en las mismas debieron declarar testigos del suceso, cuyas manifestaciones cree que son necesarias.

Finalmente, afirma que se debe enviar a la Inspección Médica el historial clínico del residente para que se pronuncie sobre las secuelas que pueda sufrir el accidentado.