La construcción del Tramo II de la Ronda Central, que va desde San Diego a Santa Clara, obligó a la expropiación de terrenos a doce familias. Cuatro años después, ha denunciado este miércoles la concejal de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, siguen esperando recibir sus indemnizaciones. “La expropiación se llevó a cabo por el procedimiento de ocupación directa de los terrenos, una fórmula muy rentable para la Administración, pero que sitúa en desventaja a los particulares”.

             Estos no son indemnizados por el valor del suelo, como sucede en la expropiación forzosa, sino que se les reconoce aprovechamiento urbanístico en una unidad de actuación, de iniciativa privada, para lo que contraen la responsabilidad de su ejecución asumiendo sus costes. “Es decir, no solo son expropiados sin percibir ni un euro, sino que además son obligados a financiar los gastos de urbanización de dicha unidad de actuación mediante importantes desembolsos, que en este caso pueden llegar hasta los 100.000 euros para algunos afectados”, ha explicado la edil.

             El Consistorio, según ha señalado Martín, “no solo no ha indemnizado a estas familias, sino que también tendrían que haber sido compensadas por el periodo de tiempo que media desde la ocupación de los terrenos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se les adjudique otros de valor equivalente. Una indemnización contemplada en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa que el Ayuntamiento ha incumplido flagrantemente”.

             Esta situación, ha destacado la edil, ya fue denunciada en 2018. “Ni el anterior alcalde, Fulgencio Gil Jódar, ni el actual, Diego José Mateos, han movido un dedo para que se haga justicia con estos afectados. Es vergonzoso que unos y otros se den codazos para salir en la foto de la inauguración y los expropiados lleven cuatro años esperando a que se les compense por los terrenos que han perdido”.