La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado los recursos que los familiares de dos reclusos de la prisión murciana de Campos del Río que se quitaron la vida en febrero y abril de 2017 presentaron contra la resolución judicial que acordó archivar las diligencias abiertas tras las querellas que presentaron contra el entonces director de la misma por dos presuntos delitos de homicidio por imprudencia.

Los familiares, según se recoge en el auto de la Audiencia, coincidieron en denunciar que a los dos internos no se les hizo el seguimiento que exigía su estado ni se cumplió con respecto a ellos lo que marca el protocolo para evitar los suicidios.

En el recurso de apelación presentado por la familia de uno de aquellos se responsabilizó al que era entonces director del establecimiento penitenciario de la comisión del delito, ya que debía haber "vigilado" que se tomaran las medidas adecuadas para evitar lo que finalmente ocurrió.

Y añadió que la psicóloga de la prisión advirtió del riesgo de autolisis, sin que se hiciera nada al respecto, pese a que el recluso estaba diagnosticado de trastorno límite de la personalidad, inestabilidad emocional y falta de control de impulsos.

En su recurso ante la Audiencia Provincial de Murcia reclamó que se practicaran una serie de diligencias y que el caso siguiera su tramitación hasta depurar las responsabilidades a que hubiera lugar.

Ahora, la Audiencia, en un auto contra el que no cabe recurso alguno, confirma el dictado por el juzgado de instrucción de Mula (Murcia) en septiembre de 2019, cuando acordó el sobreseimiento de las actuaciones y el archivo de las mismas.

Considera el tribunal que las propuestas de actuación sobre esos dos reclusos planteadas por profesionales del centro penitenciario no fueron luego ratificadas y los informes emitidos respecto a las actuaciones a llevar a cabo sobre ellos fueron discrepantes.

Además, alguno de esos documentos no llegó a manos del director querellado, por lo que se concluye que no existen indicios de que el mismo pudiera haber incurrido en la comisión de los dos delitos de homicidio por imprudencia de los que fue acusado por los familiares de los reclusos.