Seis familias de Lorca siguen viviendo en las casas prefabricadas que les cedió la Cruz Roja hace diez años cuando sus pisos en el barrio de San Fernando fueron derribados como consecuencia de los terremotos que devastaron la ciudad.

Instaladas sobre una pista deportiva, las casas de chapa metálica "son un horno en verano y una nevera en invierno, si llueve no puedes dormir y cuando hace viento parece que van a salir volando" dice Pedro Moreno, uno de los habitantes del poblado.

Este gitano de 46 años vive desde hace una década en uno de los barracones prefabricados junto a su mujer y sus tres hijos adolescentes, hastiado de que aquella solución habitacional tras la catástrofe se haya hecho permanente en el tiempo.

Recién desahuciado de un dúplex en la pedanía de La Hoya, en mayo de 2011 los terremotos le sorprendieron cuando vivía con su familia en un piso prestado de San Fernando, del que fueron desalojados para el derribo de los 15 bloques que presentaban riesgo de colapso estructural tras los temblores de tierra.

Tras pasar por los campamentos de refugiados y después de seis meses viviendo con su familia en una tienda de campaña, Pedro pudo acceder a la pequeña casa modular de la Cruz Roja a la que se trasladó a finales de 2011.

La casa tiene dos dormitorios, uno que comparten su mujer y su hija y otro reservado a sus dos hijos varones, lo que le obliga a él "a dormir en un catre en el salón", explica Moreno, que tiene el frigorífico instalado en la calle y que, al ser muy corpulento, apenas cabe en la ducha.

El resto de las casas de la Cruz Roja fueron desmanteladas conforme sus inquilinos fueron regresando a sus hogares reconstruidos y el consistorio las desmontó y las cedió a una oenegé que las envió a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, donde se usan como escuelas y dispensarios.

Ahora la concejalía de Servicios Sociales acaba de hacer algunas pequeñas reparaciones en la casa modular de la familia Moreno, que en estos diez años ha llamado a todas las puertas buscando una solución sin obtener respuesta.

"No sabemos qué va a pasar con nosotros. No tenemos ningún horizonte. Hemos tenido muchas citas con políticos, aquí y en Murcia. También nos hemos reunido con el alcalde y nada", explica Moreno, que está en situación de desempleo y cobrando una ayuda familiar, a la que se suma el sueldo de su mujer.

Con ese dinero aspiraba a poder comprar "en cuotas" uno de los 51 pisos de titularidad municipal del nuevo barrio de San Fernando, reconstruido sobre el anterior, que saldrán a concurso público en junio y para los que hay 129 aspirantes en una lista en la que su familia no ha sido admitida por no cumplir los requisitos.

"No queremos que nos den nada, nosotros queremos pagar", cuenta Moreno "cabreado e indignado" al ver que no podrá regresar al barrio del que salió hace diez años.

Ahora espera que el ayuntamiento "mande nuestros expedientes a Murcia" para ver si pueden optar a algunos de los pisos que también en San Fernando tiene en propiedad la Comunidad Autónoma.

La familia ha explorado otras soluciones y ha buscado casas de alquiler en el mercado libre, pero "nadie quiere" arrendárselas "por ser gitanos", lamenta.

Desde su casa prefabricada se ve el nuevo barrio, al que aspira a regresar algún día.

"Ese es el sueño que tengo", confiesa mientras señala los nuevos bloques de pisos a los que los propietarios de San Fernando regresaron en 2019 y que están a menos de 200 metros de los barracones.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dado instrucciones a la consejería de Fomento para que, en colaboración con el ayuntamiento de Lorca, se encuentre una "solución inmediata a la problemática de esas familias", ha dicho durante un acto en la ciudad para conmemorar el aniversario de la catástrofe.