Las ocho familias que alegan «derecho moral» a vivir en el barrio de San Fernando, reconstruido tras los terremotos de 2011, pese a no poder haber acreditado la propiedad de sus viviendas, han amagado este lunes con emprender protestas si en una semana el Ayuntamiento no tramita los expedientes pendientes. Comparecieron con el presidente del PP en la ciudad, Fulgencio Gil, que culpa al Consistorio de que estas personas no puedan comprar la casa.
