La consejería de Fomento e Infraestructuras ha comenzado a archivar los expedientes de justificación de ayudas para la reparación de viviendas dañadas por los terremotos del año 2011 en Lorca.

La medida autonómica, aprobada en un decreto el pasado abril, ha comenzado a ser notificada por carta a los afectados, según ha confirmado este viernes la concejala de IU Gloria Martín, también portavoz de la plataforma de afectados por la justificación de las ayudas.

Una notificación firmada por el secretario general de Fomento, Enrique Ujaldón, comunica a los damnificados la estimación de los recursos de reposición que fueron redactados por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes y presentados por los vecinos, ha dicho la edil de IU.

De esta manera comienza a cerrarse un proceso burocrático que desde hace tres años afecta a 5.307 familias que no han podido acreditar el uso que dieron al dinero de las subvenciones de reparación y se veían abocadas a tener que devolverlas con intereses.

Martín ha expresado la "satisfacción" de su grupo municipal y ha recordado que el fundamento jurídico para estimar los recursos que suponen el archivo de la causa y, por tanto, que los afectados no tengan que devolver la ayuda ni el pago de intereses de demora, tiene que ver con la aplicación de la Ley autonómica 2/2020, de 27 de julio.

Esta ley, creada ex profeso para el caso de Lorca, sustituyó a otras dos normas que fueron aprobadas en la Asamblea Regional gracias a la presión de la plataforma de afectados que coordina Martín.

En virtud de la aplicación de dicha ley, unas 5.300 familias lorquinas "pondrán por fin a una pesadilla que ha durado tres años y ha supuesto la interposición de centenares de alegaciones y recursos ante la administración autonómica".

Se dará por justificado el empleo de las subvenciones a las personas que presentaron una memoria justificativa junto a un certificado expedido por un técnico competente.

Se beneficiarán de esta medida todos los casos en los que la suma de la subvención y la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros no exceda del valor del peritaje que hicieron los técnicos de la Comunidad de Murcia.

Martín ha explicado que queda por resolver la situación de aquellas familias que percibieron la ayuda y la indemnización del Consorcio por importe superior a la tasación de los daños.

En su opinión "las administraciones no están teniendo en cuenta los daños ocultos que aparecieron después y el coste real que finalmente tuvieron las obras, que fue superior a lo estimado inicialmente".

Confía en que la aplicación de los plazos de prescripción beneficien a buena parte de esas familias, y ha ratificado el compromiso de IU de "seguir acompañando en su lucha en los tribunales" a los damnificados que han agotado la vía administrativa.