Un vecino de Calasparra, Álex Iván A. S., ha aceptado hoy una pena de ocho años y dos meses de cárcel tras admitir que violó en dos ocasiones a su ex en Caravaca de la Cruz. Asimismo, le imponen 80 días de trabajos comunitarios por maltratar a la misma mujer, una joven que tiene ahora 21 años. La sentencia se dictó in voce y es firme.

El individuo era trasladado es viernes desde el penal donde cumplía prisión preventiva hasta el Palacio de Justicia de Murcia, sede de la Audiencia Provincial, donde reconoció ser el autor de las agresiones sexuales y los maltratos que se le imputaban. Esposado y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional, el sujeto admitía todo aquello de lo que le acusaba la Fiscalía: un delito de malos tratos y dos de agresión sexual. Una de las veces la violó porque no quiso volver con él.

En su declaración, el violador se limitó a reconocer lo que había hecho, y no hubo más preguntas por parte de Fiscalía, acusación particular y defensa. Asimismo, compareció ante el tribunal la víctima, que corroboró lo que en su momento denunció.

«Estoy arrepentido por todo lo que pasó y pido disculpas delante de todos ustedes», dijo luego, cuando la magistrada que presidía el tribunal, Concepción Roig, le dio la ultima palabra. La jueza entonces le agradeció que al menos mostrase «empatía» con su víctima.

El Ministerio Público modificó su escrito de conclusiones provisionales e introdujo dos párrafos para apuntar que el acusado había reconocido los hechos y que tenía limitadas (no anuladas) sus capacidades por la ingesta de estupefacientes. En la vista, Fermín Guerrero, el abogado del acusado, aportó un documento que certificaba esta última circunstancia. Se queda entonces con la atenuante de confesión tardía y la también atenuante de drogadicción. De ahí que se le rebaje la condena: al principio la fiscal pedía penas que suman 20 años y cinco meses de prisión.

Por cada una de las violaciones, este sujeto cumplirá cuatro años y un mes de prisión. Cuando salga de la cárcel, el violador ha de pasar una década en régimen de libertad vigilada y no podrá acercarse a su víctima ni comunicarse con ella durante diez años.

En cuanto a la responsabilidad civil, ha de dar a la joven una indemnización 5.232 euros por el daño moral causado. El sujeto aseguró que no tiene dinero para pagar y la magistrada explicó que se tramitaría lo necesario para que la chica reciba la ayuda estatal estipulada para víctimas de violencia de género.