La Policía Local de Los Alcázares ha frenado el intento de okupación de una vivienda del municipio costero, indica el Cuerpo.
«La llamada al 112 de un vecino, que vio como una persona había saltado al patio de una vivienda hizo que se pudiera abortar un intento de okupación», explican.
Quedarse a vivir en una casa vacía se considera una usurpación y solventar este asunto es complejo. No obstante, si la Policía actúa en las primeras 48 horas de la okupación, el desalojo no precisa de orden judicial. En este caso, no llegó a haber okupación: la rápida actuación policial la impidió.
De esta manera, «la patrulla de la tarde se desplazó hasta el lugar con la mayor celeridad posible, encontrando en el atrio de la vivienda a unas personas y junto a ellas varios objetos con los cuales poder 'engancharse a la luz', así como el bombín de la puerta forzada», detalla la Policía.
«Desde la Policía Local de Los Alcázares queremos hacer hincapié en la gran ayuda que suponen estas llamadas de colaboración y aprovechamos para dar las gracias a este ciudadano que no dudó en llamar al 112 para avisar del suceso», manifiestan.
El de la okupación es un asunto que vuelve a estar de actualidad, en la Región y en toda España, especialmente a raíz de un vídeo que se ha viralizado en el que una mujer supuestamente okupa (que luego negó serlo, explicó que ella ayudaba a una familia a la que conocía) indicaba a dos personas que hablasen con un abogado acerca del inmueble.
Esto ha hecho que los partidos políticos rescaten sus propuestas para reformar una ley que, aseguran, es urgente cambiar.
La usurpación de una propiedad ajena constituye un delito en España, según el artículo 245 del Código Penal, que reza que «el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses».
Archena quiere "ponerle freno"
Por otro lado, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha remitido una carta al delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, en la que reclama que ambas instituciones públicas trabajen de manera coordinadora para «poner freno» a la ocupación ilegal de viviendas, informaron fuentes municipales en un comunicado.
Fernández ha instado a Vélez a dar «una respuesta rápida, inmediata y efectiva» a este tipo de situaciones, al tiempo que ha destacado la necesidad de impulsar leyes estatales que «protejan la propiedad privada y eviten estos polémicos sucesos».
En los próximos días, la regidora se reunirá con entidades financieras y suministradoras de energía para que pongan en conocimiento del Ayuntamiento los enganches ilegales de luz y agua, con el fin de que desde el Consistorio «se proceda a formular las denuncias correspondientes».
