La Guardia Civiltras desactivar cinco puntos de venta de estupefacientes al menudeo muy activos en aquella localidad, para lo que ha sido de especial relevancia la colaboración ciudadana recibida a través de llamadas y correos electrónicos.
La investigación arrancó el pasado mes de octubre tras una queja por las molestias causadas por el constante trasiego de personas, incluso a altas horas de la madrugada, que se producía en una vivienda ocupada, según un comunicado del instituto armado.
Los agentes comprobaron que se trataba de una organización liderada por varios hermanos, quienes tenían bajo su mando a colaboradores que les hacían las funciones de vendedores de droga por toda la ciudad o de suministradores para aquellos que se quedaban sin sustancias estupefacientes.
La venta de droga no se limitaba solo al interior de la vivienda ocupada. Pasado un tiempo, la banda se hizo con el espacio del paseo marítimo de Torrevieja, de gran afluencia de turistas, y, especialmente, con la parte de las atracciones de feria, donde habitualmente hay menores.
Para abastecerse de la droga, uno de los responsables del grupo se trasladaba prácticamente a diario a las cercanías de Murcia capital, donde adquiría una pequeña cuantía de sustancias. Esta "técnica" la realizaba con el fin de que el perjuicio fuera mínimo en el caso de ser interceptado por las fuerzas de seguridad.
Acabadas las diligencias de investigación y determinado el rol de cada miembro dentro de la organización, se registraron cinco viviendas, cuatro en Torrevieja y una en San Pedro del Pinatar.
En total, los agentes intervinieron 115 gramos de marihuana, 200 gramos de sustancia de corte, una balanza de precisión, tres dosis de sustancias dopantes y dos vehículos utilizados para los viajes a Murcia.
Además, se hallaron 11.000 euros en efectivo, una cantidad bastante significante teniendo en cuenta que ningún presunto integrante de la banda tenía trabajo remunerado conocido y todos ellos eran solicitantes de ayudas públicas.
Los nueve arrestados, de nacionalidades marroquí y argelina, están acusado de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico.
Tras ser puestos a disposición judicial, se ha decretado su libertad provisional con cargos, quedando a la espera de juicio, según la Benemérita.
