20 de julio de 2020
20.07.2020
La Opinión de Murcia
Justicia

Paralizan las obras de la guardería de Calasparra bajo investigación

Figuran como investigados el exalcalde de Calasparra Jesús Navarro, los arquitectos Justo Ruiz y Emilio Pérez y los gerentes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) a la que fueron adjudicados los trabajos, Tomás García y Eduardo Casas

20.07.2020 | 19:25
Paralizan las obras de la guardería de Calasparra bajo investigación

El juzgado de instrucción de Caravaca de la Cruz que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de las obras de la guardería de Calasparra, adjudicadas hace ahora más de nueve años, ha ordenado la paralización de las mismas.

En estas diligencias, abiertas a raíz de la denuncia que la fiscalía superior de la Región de Murcia presentó en enero de 2018, figuran como investigados el exalcalde de Calasparra Jesús Navarro, los arquitectos Justo Ruiz y Emilio Pérez y los gerentes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) a la que fueron adjudicados los trabajos, Tomás García y Eduardo Casas.

La orden de paralización de las obras ha sido acordada por la titular del juzgado de instrucción tras la visita que realizó a la guardería la pasada semana, en la que estuvo acompañada por la letrada de la administración de Justicia, la alcaldesa de la localidad y un concejal y varios letrados.

El auto en el que se recoge la adopción de esta medida cautelar requiere también al ayuntamiento para que informe del contenido de todas las actuaciones llevadas a cabo con posterioridad al 31 de mayo de 2019, fecha en que se acordó la práctica de una prueba pericial sobre los trabajos realizados y su valoración.

La resolución judicial, que puede ser recurrida en reforma en el plazo de tres días, según se indica en la misma, señala que la realización de esa prueba es "inminente".

Indica el auto que los hechos que se investigan pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y, también, de otro de falsedad si se confirma lo manifestado por el gerente de una de las empresas, que ha negado que sea suya la firma que figura en el documento en el que la UTE hizo su oferta.

Según la denuncia del ministerio público, la construcción de la guardería, que salió a concurso con un presupuesto cercano a los 700.000 euros, fue adjudicada a la UTE I. y M. en una cantidad cercana a los 660.000, encargándose el proyecto sin incoar el oportuno expediente administrativo y adjudicándose las obras sin respetar las normas legales.

Señalaba también la acusación estatal que, "considerando que las mejoras son aportaciones gratuitas de las empresas licitadoras y que las ofrecidas por la adjudicataria tenían un valor de 534.972 euros y que lo que la UTE iba a cobrar del ayuntamiento eran 555.924, el dinero del que iba a disponer para realizar la obra era de 20.997".

Y añadía que, "como solo las partidas de movimiento de tierra y cimentación contempladas en el proyecto tenían un importe de 45.727 euros, resulta lógico sospechar que el problema que determinó la paralización de las obras no fue del terreno, sino de lo disparatado de la oferta económica de la adjudicataria".

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