El juzgado de instrucción de Murcia que investiga un presunto caso de revelación de secretos denunciado por un exconcejal del PP de Alcantarilla tras publicarse que, presuntamente, un constructor pagó recibos de su IBI, deberá tramitar la querella contra otras cuatro personas, no solo contra la concejal de Hacienda.

Así se dispone en un auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia, que, al estimar el recurso presentado por el antiguo edil, J.A.A., acuerda que se considere también como querellados a esas otras cuatro personas, entre las que se encuentran dos funcionarios municipales.

El juzgado, al decidir no admitir la querella en cuanto a esos funcionarios, expuso que lo hacía al entender que los mismos actuaron -al emitir determinada documentación- por orden de un superior, en concreto, una concejal.

Frente a esa consideración, el tribunal de la Audiencia Provincial, al estimar la apelación presentada por el querellante, comenta que la exclusión de esos funcionarios "se evidencia precipitada".

J.A.A. expuso en su recurso que, además de los perjuicios sufridos por la difusión de la noticia del presunto pago de recibos del IBI por un constructor en los días previos a las pasadas elecciones municipales, "hubo un claro y evidente beneficio electoral para tercero, el Partido Popular, que pasó de ocho a doce concejales".

Dice la Audiencia Provincial que "se aprecia que la decisión de inadmisión resulta precipitada, no por errónea o desviada en la aplicación del razonamiento empleado, sino por realizarse el cuestionamiento a destiempo, dado que, si se atiende al propio relato fáctico indiciario que se entiende mínimamente fundado según el propio auto, los hechos denunciados en la querella sí presentarían un perfil presuntamente delictivo".

Al mismo tiempo, se refiere a uno de los razonamientos del juzgado expuestos en el auto en el que admitió la querella solo con respecto a la exconcejal de Hacienda.

Además, el fallo añade que en el mismo se indica que fue la exedil la que, en abril de 2019, pidió, presuntamente, a los dos funcionarios que ahora se incluyen como querellados la entrega de la documentación referida a los contratos y formas de pago de una constructora entre los años 2004 y 2011.

Al mismo tiempo les indicó que necesitaba esa documentación con urgencia para la comisión de investigación sobre los contratos realizados por el ayuntamiento, cuya celebración estaba prevista para seis días más tarde