Quizás pensó que pasarían desapercibidos, pero no fue así. Una mujer se saltó el estado de alarma, el confinamiento aún vigente por la pandemia del coronavirus, y decidió darse un baño en una playa de La Manga, en San Javier, junto a su hijo pequeño. Sin embargo, una vecina vio la escena y llamó a la Policía.
Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de San Javier, que encontraron a la joven madre y a su pequeño disfrutando del agua, por lo que instaron a la mujer a que saliese. Debido al estado de alarma que continúa en vigor, en todas las playas ondea la bandera roja, lo cual implica que el baño está prohibido.
En el día de ayer, el primero que, con horarios, se permitía salir un rato, fueron bastantes los habitantes de localidades costeras que optaron por un paseo por la arena o por el paseo marítimo, lo cual sí era legal. Lo que no se podía hacer era meterse en el mar. Algo que no todos cumplieron a rajatabla.
Un hombre se baña en una playa de Mazarrón, este sábado. Juan Caballero
Así las cosas, los agentes comunicaron a la mujer que, dado que lo que había hecho aún no está permitido, iba a ser propuesta a la Delegación del Gobierno para recibir una multa.
Desde que comenzó el obligado confinamiento, se han incrementado de forma notable las llamadas de vecinos que, desde sus ventanas, detectan una conducta que les parece importante comunicar a la Policía (desde que hay un señor mayor en un banco a que han visto pasar a un joven en bicicleta), indican desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuando iban poco más de quince días de confinamiento, Emergencias ya había recibido un aluvión de llamadas para 'delatar' a los murcianos que salen a la calle.
Lo que dice la norma
El incumplimiento de las medidas incluidas en el decreto que declara el estado de alarma ante la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus puede acarrear para los ciudadanos desde multas de cien euros hasta pena de 3 meses de cárcel por un delito de desobediencia y de 4 años por atentado a la autoridad.
El listado de sanciones que manejan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al que ha tenido acceso Efe se apoya en cuatro normas: la Ley de seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza; la de salud pública, la de protección civil y el Código Penal.
Quienes incumplan las medidas establecidas podrán enfrentarse, por ejemplo, a sanciones de entre 100 y 600 euros por retirar una valla o precinto; de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse ante un agente o de hasta 60.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población.
El delito de desobediencia a los agentes de la autoridad o al personal de seguridad privada se castiga con pena de uno a tres meses de cárcel. El de atentado prevé penas de hasta cuatro años de prisión (y el personal sanitario se incluye entre los agentes de autoridad a esos efectos).
