Más de cincuenta mascarillas mandadas por el Ayuntamiento eran recibidas el pasado sábado en las dependencias de la Policía Local de Alhama de Murcia. Aunque afectados denunciaron, al ver la fecha en la bolsa, que estas protecciones estaban caducadas, desde la empresa aseguraban que no: que la fecha que les llamó la atención a los agentes fue la de fabricación.

En la parte posterior de la bolsa de las mascarillas, que solo llevan sus instrucciones escritas en portugués, pone la fecha 13 de marzo de 2020, mientras que a los policías se les han entregado con fecha de 25 de abril. De ahí la confusión que, según la empresa y el Consistorio, se produjo y llevó a pensar a los agentes que el material estaba caducado, cuando son válidas hasta 2023. «Son mascarillas brasileñas, sin marcado de la Comunidad Europea», afirman sin embargo quienes las han tenido en las manos. Aseguran los agentes, pese a todo, que les consta que las mascarillas no están homologadas. De ahí que, explican a esta redacción, se estén comprando ellos mismos, pagadas de su bolsillo, las protecciones que usan para trabajar.

Desde la empresa proveedora de las mismas han aclarado que "las mascarillas en modo alguno están caducadas y, además su comercialización está dentro de todos los parámetros legalmente exigidos, lo que le queremos transmitir a

los efectos oportunos" y mensaje con el que tranquilizan a los usuarios de esta herramienta de protección.

Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) recuerdan que, en el caso de Alhama de Murcia, «desde el comienzo de la crisis sanitaria, provocada por coronavirus, la Jefatura de Policía Local ha venido reclamando diariamente, por escrito, medios de protección y test de detección para los agentes que están en las calles amortiguando los efectos de la expansión de la pandemia» de coronavirus, que ha dejado más de un centenar de personas muertas en toda la Región de Murcia y más de 20.000 en toda España.

«Sin embargo, los medios que les han proporcionado han sido escasos, en número, en calidad y en adecuación de los mismos, hasta que los agentes se han visto obligados a pagar ellos mismos de su bolsillo mascarillas de nivel de protección FFP2», afirman.

En la misma líneas, aseguran que, si los policías «han podido mantener las medidas higiénico-sanitarias» ha sido «gracias a la solidaridad de comercios y vecinos que, en la medida de sus posibilidades, se han volcado en cuidar a los agentes».

Apunta el sindicato que el 24 de abril «el concejal de Infraestructuras, Antonio García, afirmaba en el Pleno extraordinario que almacenaban 200 mascarillas tipo FFP2 e insinuaba que no habían sido solicitadas por la Policía», a lo que añade que «sin embargo, esa misma tarde eran mascarillas quirúrgicas desechables las que proporcionaban los agentes».

«Este hecho hacía que Jefatura de Policía Local emitiera un informe dirigido a Alcaldía, al citado concejal y al técnico de prevención de riesgos laborales en el que expresaba su disconformidad», manifiestan desde el SPPLB.

Así las cosas, al sindicato no le queda otra que «movilizarse, y se encuentra haciendo gestiones para la adquisición de material de protección y test de detección a cargo de los bolsillos de los policías», denuncian.

En este sentido, destacan los afectados que desde el centro de salud de la localidad han comunicado ya que pueden hacer el test a los policías, algo que el jefe viene pidiendo de forma reiterada, pero que desde el Ayuntamiento no les dan respuesta al respecto.