Agentes de la Policía Local de Alhama de Murcia fueron los que se percataron de que pasaba algo raro y acudieron: había un total de 18 personas esperando para realizar trabajos agrícolas en una finca del municipio.
Sin embargo, ninguna de estas personas tenía un contrato ni estaba dada de alta en la Seguridad Social, indican fuentes policiales.
El modu operandi, presuntamente, era el siguiente: una empresa contactaba con personas en situación irregular en nuestro país para llevarlas a realizar trabajos sin cumplir con la normativa vigente en materia laboral. Se investiga un delito de explotación laboral y se ha dado cuenta del mismo al juzgado.
Si se prueba que hay un delito contra los trabajadores, sería responsable tanto el empresario que contrata mano de obra ilegal, abusando de la situación de necesidad del trabajador de manera individual, como el que imponga a los trabajadores condiciones que les perjudiquen seriamente.
El Código Penal detalla que serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra, y ahí incluye a quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
