Aguas de Lorca ha cortado el suministro a decenas de familias 'enganchadas' ilegalmente a la red, según confirmaba el alcalde, Diego José Mateos, antes de reunirse con los afectados, que improvisaron una concentración de protesta en la plaza de España, frente a la sede del Ayuntamiento. El alcalde dijo que la empresa mixta Aguas de Lorca, por acuerdo de su consejo de administración, ha iniciado una campaña «contra el fraude en el suministro domiciliario de agua», que lleva aparejada la regularización de tomas y la clausura de acometidas ilegales.

Mateos considera que «no puede ser que haya vecinos aprovechándose del servicio» e hizo hincapié en que «todo el mundo debe respetar las normas sobre el abastecimiento de agua».

El alcalde comunicó a los afectados que se dará «un plazo razonable» para que puedan abonar el servicio de forma regular, pero insisitió en que el Consistorio será inflexible en el cumplimiento de la normativa.

«Todo el mundo tiene que pagar su suministro de agua», precisó Mateos, que indicó que, para el que no pueda hacerlo por razones económicas, «se buscarán soluciones, que las hay, mediante aplazamientos» o recurriendo al bono social de la empresa Aguas de Lorca.

El alcalde se ha comprometido a que «todo el mundo tenga garantizado un suministro básico como es el agua, pero en las condiciones legales que hay establecidas».

Mateos recibió a una comisión de los vecinos concentrados en la plaza de España para exponerle esos acuerdos.

Los manifestantes eran vecinos del barrio de San Pedro, la mayoría de etnia gitana, que denunciaron que en la tarde del miércoles se procedió a la interrupción del suministro del agua potable en sus casas. La situación generó momentos de tensión que requirieron la intervención de la Policía Local y después el refuerzo de la Policía Nacional, a los que los vecinos han acusado de actuar de forma desmedida portando porras y amagando con cargas de los agentes.

Un portavoz de los manifestantes, Francisco Fernández Moreno, manifestó a los periodistas que decenas de familias, con niños, ancianos y enfermos se han quedado sin agua y ha denunciado que nadie les haya advertido del corte. Dejó claro que «no nos oponemos a pagar, pero queremos que nos traten como personas» y ha reiterado las críticas de los vecinos a la actitud «agresiva» de las fuerzas de seguridad.